El arranque del segundo periodo legislativo en Morelos abrió una nueva etapa de cuestionamientos al Congreso local, señalado por organizaciones civiles por mantener una agenda distante de las principales demandas ciudadanas, pese al alto presupuesto que ejerce el Poder Legislativo estatal.
Integrantes del Frente Cívico por Morelos advirtieron que diputadas y diputados han relegado temas clave como la inseguridad, la rendición de cuentas y la vigilancia de órganos fiscalizadores, mientras el Congreso opera con uno de los presupuestos más elevados del país. Asimismo, urgieron a construir un plan de trabajo que incorpore propuestas de la sociedad civil y atienda los problemas prioritarios de la entidad.
El vocero del organismo, Francisco Radilla Corona, recordó que el periodo ordinario inició el 1 de febrero, por lo que consideró indispensable que el Congreso impulse reformas orientadas a fortalecer la vida institucional y a establecer mecanismos efectivos de transparencia y control político.
Alto presupuesto y resultados limitados
De acuerdo con el Frente Cívico, el Congreso de Morelos ejercerá este año un presupuesto cercano a los 700 millones de pesos, lo que lo coloca entre los diez congresos locales más costosos del país y en el cuarto lugar nacional en gasto por habitante, con un promedio de 282 pesos por ciudadano.
No obstante, Radilla Corona sostuvo que el nivel de productividad no corresponde a los recursos asignados. Según datos del Censo Nacional de Poderes Legislativos del INEGI, el Congreso morelense se mantiene entre los últimos lugares en rendimiento parlamentario, con alrededor de 100 iniciativas presentadas en periodos recientes. Además, cuestionó la calidad de algunas reformas que han requerido correcciones posteriores, como ocurrió con la Ley de Movilidad y la Ley del Servicio Civil.
Fiscalización pendiente y exigencias en seguridad
Las organizaciones civiles también alertaron sobre presuntas redes de protección dentro del Congreso que obstaculizan la fiscalización del uso de recursos públicos, particularmente en la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización. Señalaron rezagos en la revisión de cuentas públicas y cuestionaron la permanencia de su titular, José Blas Cuevas Díaz, quien enfrenta una denuncia por presunto conflicto de interés.
En materia de seguridad, el Frente Cívico pidió al Congreso ejercer sus facultades de control político y citar a comparecer a funcionarios del Ejecutivo estatal para explicar el incremento de delitos como la extorsión y el cobro de piso, especialmente en municipios de la zona oriente del estado.
Finalmente, la organización llamó a abrir espacios de diálogo con la sociedad civil para integrar sus propuestas en la agenda legislativa y responder a las necesidades reales de la ciudadanía.
