Cuernavaca, la ciudad que presume clima amable vive una presión constante. Las calles exhiben baches, el drenaje opera al límite, la basura se acumula más de lo previsto y el alumbrado público apenas cubre las avenidas principales. Bajo ese contexto crece la percepción de que el suelo residencial se transforma en espacio comercial sin que la infraestructura acompañe el ritmo.
Quienes habitan en Cuernavaca lo observan en su entorno inmediato y lo padecen al trasladarse cada día. Por eso el debate dejó de ser exclusivo de los cabildos o de las oficinas municipales y ahora ocupa lugar en chats vecinales y foros digitales.
A medida que surgen plazas, torres y negocios nuevos, la red hidráulica acusa desgaste. Las lluvias convierten las calles en cauces improvisados y los sistemas de drenaje se desbordan. Paralelamente, las barrancas reciben más desechos y menos atención. Esa combinación altera los microclimas, reduce sombra y erosiona la identidad que alguna vez definió a Cuernavaca como “la ciudad de la eterna primavera”.
Las clausuras recientes por incumplimientos ambientales confirman que las irregularidades no son hechos aislados, sino síntomas de un modelo urbano que aprieta sin ampliar servicios.
De la planeación a la omisión institucional
En medio de este panorama emergen nombres que la conversación pública repite. Se menciona a Demetrio Chavira, responsable del área de Desarrollo Urbano, como ejemplo de la ineficacia que afecta la obra pública del municipio. Las críticas apuntan a permisos exprés, revisiones incompletas y obras que avanzan sin control técnico.
En diversas colonias, viviendas se convierten en minisúpers o bares que operan toda la noche, afectando la tranquilidad de zonas residenciales. Lo mismo ocurre con clínicas, gimnasios y oficinas que funcionan sin cajones de estacionamiento suficientes, provocando filas sobre calles angostas y congestionadas.
Los vecinos señalan, además, la proliferación de plazas comerciales sobre corredores saturados como Plan de Ayala, Domingo Diez y Río Mayo. Estas edificaciones suelen presentar accesos vehiculares improvisados, banquetas invadidas y árboles derribados.
Existen casos donde las obras inician sin lona informativa visible, con cuadrillas trabajando de noche y cierres parciales que se prolongan durante semanas, mientras las licencias aparecen posteriormente en procesos de regularización.
En el ámbito educativo, persisten quejas por programas instalados en domicilios adaptados que antes eran casas habitación. Estos espacios carecen de condiciones adecuadas de seguridad o medidas de protección civil.
En ese contexto, la Universidad UNIM aparece de manera recurrente, junto con menciones hacia el Tribunal de Justicia Administrativa. Los nombres de Martín Jasso y Martín Eulalio Domínguez Casarrubias también circulan en conversaciones digitales donde se les describe como cercanos al alcalde, alimentando sospechas sobre una red de influencia.
La narrativa ciudadana sugiere que los cambios de uso de suelo avanzan con excesiva facilidad. En redes sociales circulan relatos que mencionan un supuesto “cartel inmobiliario”, donde funcionarios públicos, favorecerían proyectos específicos. Se afirma que la tramitología se convierte en una vía rápida y que los expedientes no siempre recorren la ruta técnica completa. Estas versiones reflejan una percepción social extendida, la de una ciudad que crece sin planeación.
Cuando alguno de estos elementos falta, la ciudad lo resiente en forma de inundaciones, embotellamientos y pérdida de áreas verdes. La ruta correcta no es la sospecha, sino la revisión: expedientes abiertos y auditorías ciudadanas. Sin transparencia, cualquier urbe se recalienta y se fragmenta.
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