Opacidad en el manejo interno de la Cámara de Diputados
La transparencia legislativa atraviesa uno de sus momentos más frágiles. Los Diputados federales mantuvieron en reserva la información sobre la distribución de recursos públicos y los acuerdos administrativos internos, una práctica que debilitó los mecanismos de rendición de cuentas en la Cámara baja durante el último año.
La Cámara de Diputados solo publicó un informe cuatrimestral sobre subvenciones a bancadas correspondiente al arranque de la Legislatura 66. Ese documento reportó la asignación de más de 643 millones de pesos entre septiembre y diciembre, sin que después se difundieran los informes subsecuentes obligatorios. Desde entonces, no existe información oficial sobre el manejo financiero de los grupos parlamentarios.
El control del gasto recae en el Comité de Administración, órgano clave presidido por Fernando Castro Trenti, legislador cercano a la mayoría parlamentaria. Desde ese espacio se deciden montos para bancadas, comisiones, apoyos legislativos, viajes y contratos, sin que sus acuerdos recientes estén disponibles en la Gaceta Parlamentaria.
Los Diputados incumplieron la publicación de informes semestrales y cuatrimestrales que detallan ingresos, egresos y apoyos en especie. Estos documentos permiten conocer desde sobresueldos hasta asignación de vehículos, oficinas y tarjetas de peaje, elementos que hoy permanecen fuera del escrutinio público.
Aunque la Cámara mantiene actualizadas las actas de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, el Comité de Administración dejó de transparentar sus sesiones. La última acta disponible corresponde a abril, pese a que el reglamento establece reuniones periódicas.
En ese comité se autorizó incluso el aumento a la dieta mensual de los legisladores, una decisión que se conoció semanas después de haber sido tomada. Además, cualquier obra, licitación o asignación directa pasa primero por ese órgano antes de ejecutarse.
La falta de información se repite desde legislaturas anteriores, donde los reportes se publicaron con retrasos de hasta un año, consolidando una práctica que limita el derecho ciudadano a saber cómo se ejerce el presupuesto legislativo.
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