Enrique Inzunza evita el Senado, pero participa en comisión

Las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos no impidieron que Enrique Inzunza, senador de Morena señalado por presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos, reapareciera en actividades legislativas. Aunque evitó asistir de manera presencial, participó este jueves por videoconferencia en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado.

Su reaparición ocurre después de semanas de mantener un perfil bajo tras los señalamientos de autoridades estadounidenses, un caso que sigue sin generar consecuencias políticas o legales en México.

Enrique Inzunza reaparece, pero evita el Senado

La sesión de la Comisión de Justicia se realizó bajo un formato híbrido. Mientras senadores como Javier Corral, Lucía Trasviña y Guadalupe Murguía acudieron al recinto, Enrique Inzunza optó por conectarse de manera remota, al igual que la senadora Martha Lucía Micher.

Desde que el Gobierno de Estados Unidos hizo públicas las acusaciones en abril, el legislador prácticamente desapareció de las actividades presenciales del Senado. Incluso, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, confirmó a principios de junio que Inzunza dejaría de representar a su bancada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

El propio senador justificó su ausencia argumentando que buscaba evitar que la oposición convirtiera su presencia en “un espectáculo indigno”. Sin embargo, la decisión también ha evitado que enfrente cuestionamientos públicos dentro del recinto legislativo.

Acusaciones graves sin consecuencias políticas

De acuerdo con la investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando fungía como secretario de Gobierno de Sinaloa, Enrique Inzunza sostuvo reuniones con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán para presuntamente acordar mecanismos de protección a la facción de Los Chapitos durante la administración de Rubén Rocha Moya.

Las autoridades estadounidenses también sostienen que Inzunza y el entonces secretario de Finanzas de Sinaloa, Enrique Díaz, habrían colaborado en el nombramiento de funcionarios para favorecer las operaciones del grupo criminal a cambio de respaldo político.

Enrique Inzunza ha rechazado todas las acusaciones e incluso acudió voluntariamente a la Fiscalía General de la República para comparecer sobre el caso, donde aseguró que asumiría personalmente su defensa legal. No obstante, mientras Estados Unidos mantiene abiertas las imputaciones, en México no existe hasta ahora ninguna investigación pública ni alguna medida política que haya derivado de esos señalamientos. La continuidad de sus funciones legislativas refleja el contraste entre la gravedad de las acusaciones internacionales y la ausencia de consecuencias dentro del ámbito político nacional.

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