Oficinas de la FGR en Cuernavaca tras la detención del exrector de la UAEM implicado en La Estafa Maestra.
Exrector de la UAEM detenido por caso de corrupción

Exrector de la UAEM detenido por caso de corrupción

La Fiscalía General de la República (FGR) colocó nuevamente a Morelos en el centro del debate sobre la corrupción al detener en Cuautla a Alejandro Vera Jiménez, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Desde 2018 existía una orden de aprehensión en su contra por su presunta participación en el desvío de recursos federales relacionados con La Estafa Maestra.

Tras la captura, los agentes trasladaron a Vera Jiménez a las instalaciones de la FGR en Cuernavaca para continuar con el proceso legal. Las autoridades informaron que podría ser enviado al Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano, en el Estado de México. Las investigaciones señalan que el exrector desvió fondos del programa Cruzada Nacional contra el Hambre, impulsado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

UAEM y La Estafa Maestra: una conexión que sigue abierta

Los investigadores documentaron que, bajo la gestión de Vera Jiménez, la UAEM firmó convenios con dependencias federales para triangular recursos públicos. Los fondos se desviaron a través de contratos irregulares con empresas fantasma, un esquema detectado también en universidades de Tabasco, Estado de México y Veracruz.

En Morelos, las indagatorias alcanzan a integrantes del Patronato Universitario y a exfuncionarios administrativos de la institución. En 2021, la Fiscalía Anticorrupción estatal ofreció una recompensa por información que facilitara la captura del exrector, vinculada con la causa penal JC/860/2017.

La corrupción universitaria erosiona la confianza social

El caso de Alejandro Vera Jiménez exhibe cómo la falta de controles financieros debilita la credibilidad de las universidades públicas. Estas instituciones, creadas para fomentar la ética y el conocimiento, pierden legitimidad cuando sus líderes participan en redes de corrupción.

La detención representa un avance en la rendición de cuentas, aunque también expone la necesidad urgente de garantizar que la autonomía universitaria no sirva como refugio para la impunidad.

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