La decisión del Ayuntamiento de Jonacatepec de suspender las fiestas decembrinas dejó más preguntas que certezas entre la población. Lejos de atender el origen del conflicto, la medida pareció un gesto reactivo que castiga a la comunidad tras una protesta motivada por un hecho grave que sigue sin resolverse con claridad.
La cancelación de la Caravana Navideña y del Baile de la Feria de la Cebolla ocurrió después de que habitantes se manifestaran por el atropellamiento de una menor por una patrulla municipal. La respuesta oficial se limitó a deslindar responsabilidades en un primer momento, lo que encendió el enojo social. Cuando el gobierno no escucha, la ciudadanía se manifiesta. Eso no es vandalismo gratuito, es una exigencia de justicia.
En lugar de reconocer el error institucional y asumir una ruta de diálogo real, el ayuntamiento optó por retirar permisos y suspender eventos públicos. Esa reacción no atiende la herida abierta, solo desplaza el problema y manda un mensaje de confrontación.
Jonacatepec responde con silencio y cancelaciones
El argumento de seguridad utilizado por el gobierno municipal no explica por qué la respuesta fue cancelar celebraciones y no transparentar el proceso contra el responsable. La protesta surgió tras la percepción de encubrimiento y falta de consecuencias. Ante ese contexto, suspender fiestas luce más como un berrinche político que como una estrategia de gobernabilidad.
Las manifestaciones incluyeron la toma del palacio municipal y daños a infraestructura. Sin embargo, esos hechos ocurrieron después de que la autoridad minimizara el caso. La reacción oficial llegó tarde y enfocada en el control, no en la justicia.
El castigo no sustituye la rendición de cuentas
Cancelar eventos masivos no repara la desconfianza ni devuelve tranquilidad. Tampoco sustituye una investigación clara ni una postura firme frente a un abuso cometido desde una patrulla. La población no exigió fiestas, exigió respuestas.
Jonacatepec enfrenta ahora un problema mayor. En un municipio donde la violencia y la desconfianza institucional crecen, cerrar espacios comunitarios profundiza la fractura social y confirma que el gobierno eligió el castigo colectivo antes que la rendición de cuentas.
