Imagen editorial sobre factureros en México y redes investigadas por operaciones simuladas y empresas fantasma.
La historia de los factureros en México es un relato de evolución y sofisticación. Desde los tiempos en que se limitaban a ser simples proveedores de CFDI, estas figuras han crecido hasta convertirse en arquitectos de complejas redes financieras, capaces de facilitar la evasión fiscal a gran escala.
En junio de 2026, la Fiscalía General de la República (FGR) desplegó un operativo contra la organización conocida como “El Caballito”. Liderada por los abogados Maikol Leonardo Lasso Cervantes y Salvador López Villaseñor, esta red combinaba servicios legales con un sistema de empresas fantasma que causó un daño al erario de 12,000 millones de pesos. Ocho personas, incluidos los líderes, fueron vinculadas a proceso.
La Prestadora de Servicios Murata, liderada por Nino Paolo Ferrari Rodríguez, no sólo obtuvo más de 301 millones de pesos en contratos públicos, sino que también conectó con estructuras de lavado de dinero asociadas al Cártel de Sinaloa. El caso es notable por su respaldo documental en el Diario Oficial de la Federación.
Mario Nino Ferrari Gleason, vinculado a Murata, fue identificado en investigaciones como administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, alias “La Trilladora”, operador financiero del Cártel de Sinaloa. Se le atribuyen operaciones por más de 901 millones de pesos.
Safiro es un ejemplo de cómo las empresas fantasma han funcionado como vehículos de dispersión de recursos públicos. La investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad documentó transferencias por 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma para presunto financiamiento ilegal de campañas del PRI.
En Chihuahua, una investigación fiscal descubrió 519 empresas fantasma que facturaron 36,366.9 millones de pesos entre 2013 y 2016. Este caso ilustra cómo el seguimiento de facturas puede llevar al descubrimiento de beneficiarios finales de esquemas de evasión fiscal.
La evolución del facturero mexicano muestra cómo las redes financieras han sobrepasado el simple desvío de recursos públicos, transformándose en arquitecturas capaces de ofrecer la evasión como un servicio empresarial sofisticado. Estos casos no solo revelan la magnitud del fenómeno, sino también la urgente necesidad de un enfoque más robusto para combatirlo.
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