La tensión crece en México cuando la voz del campo se planta en las carreteras para recordarle al gobierno que la inconformidad no se apaga con discursos. Los megabloqueos de transportistas y productores no nacen de partidos políticos, como sugiere la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez, sino del cansancio acumulado por años de promesas incumplidas y decisiones que favorecen a corporativos como Maseca, Minsa, Bachoco, Kekén y Crío, mientras la vida rural se precariza.
Los productores señalan que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum ofrecieron consulta directa para definir precios justos del maíz, pero acusan que la política pública terminó inclinándose hacia conglomerados ligados al poder. El caso más emblemático es el nombramiento de Altagracia Gómez Sierra, nieta de Alfonso Gómez Somellera fundador de Grupo Minsa, como Coordinadora del Consejo del Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Para los campesinos, esta designación confirma que el precio bajo del maíz beneficia a quienes hoy tienen interlocución privilegiada con el gobierno.
Megabloqueos y reclamo por un trato justo
La protesta estalló después de que Maseca, Minsa, Bachoco, Kekén y Crío no se presentaron a la mesa de diálogo en Jalisco. Los productores buscaban asegurar mercado para 700 mil toneladas de maíz a 7 mil 200 pesos por tonelada. En consecuencia, el campo interpretó la ausencia como una señal clara del alineamiento gubernamental con las grandes empresas y del abandono a quienes siembran.
Además, los transportistas se sumaron a la movilización por el aumento de asaltos, extorsiones y secuestros en carreteras de Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México y otras rutas donde la violencia crece sin freno. La Asociación Nacional de Transportistas, ANTAC, cerró vialidades, casetas y accesos estratégicos, incluida la aduana de Ciudad Juárez y la de Manzanillo, para exigir seguridad real y no solo mesas técnicas con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
Criminalización y discurso oficial
En conferencia de prensa, Rosa Icela Rodríguez afirmó que “no había motivo” para los 29 bloqueos registrados en 17 estados y que muchos líderes “tienen carpetas de investigación abiertas”. También aseguró que la protesta responde a intereses del PRI, PAN y PRD. Organizaciones campesinas como el Frente Nacional de Defensa del Campo y el Movimiento Agrícola Campesino calificaron estas declaraciones como amenaza y presión indebida.
Aquí el momento de la Secretaria de Gobernación
Los colectivos recuerdan que sus demandas incluyen precios justos, acceso al agua, freno a la nueva Ley de Aguas y seguridad carretera. Enfatizan que han participado en más de 200 reuniones con autoridades, pero sin resultados en territorio. Los bloqueos, señalan, se levantaron sin incidentes, pero continuarán mientras no existan soluciones.
Del lado gubernamental, Segob reportó 29 cierres, 17 totales y el resto parciales, además de tres casetas y una aduana tomadas. Aunque Rosa Icela Rodríguez insiste en minimizar la protesta, los datos muestran que el descontento es profundo y que ni 316 reuniones logran contener el hartazgo.
El dato más revelador llegó al cierre del día el gobierno afirmó que solo “una agrupación transportista” participó, mientras la movilización abarcó 17 entidades.
