El conflicto diplomático entre México y Perú escaló nuevamente luego de que el gobierno peruano ordenara la salida inmediata de la encargada de negocios mexicana en Lima. La ruptura formal de relaciones ocurrió tras el asilo otorgado a Betssy Chávez, ex primera ministra peruana acusada de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo.
La Superintendencia Nacional de Migraciones de Perú confirmó que la representante mexicana abandonó el país cumpliendo una orden perentoria del gobierno de transición. Con esta medida, Lima endureció su postura frente a lo que considera una “intervención en asuntos internos” por parte de México.
Crisis política y asilo diplomático agravan la tensión
El presidente interino de Perú, José Jerí, justificó la decisión como una respuesta directa a lo que calificó como un acto inamistoso. La crisis se originó cuando el gobierno mexicano ofreció asilo a Chávez, detenida mientras enfrentaba cargos por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022.
Desde la destitución de Castillo, los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum han cuestionado la legitimidad del mandato de Dina Boluarte, lo que ya había provocado la expulsión del entonces embajador mexicano en 2022.
Por otro lado, el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta mexicana por considerar “inaceptable” su postura pública sobre el caso.
El gobierno peruano anunció que propondrá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una revisión de la Convención de Caracas de 1954, argumentando que el derecho al asilo se ha desvirtuado al proteger a personas acusadas de delitos comunes.
La encargada mexicana ya salió del país, pero el conflicto entre ambos gobiernos deja abierta una grieta diplomática con repercusiones regionales.
