Revisión a nómina del Congreso de Morelos
La Auditoría Superior de la Federación detectó inconsistencias en la nómina del Congreso de Morelos durante la revisión de la cuenta pública 2024. El informe señala diferencias entre el número de trabajadores reportados oficialmente y los datos publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La ASF indicó que el Congreso de Morelos tuvo o registró hasta 644 empleados en ese ejercicio, cifra que no coincide con los aproximadamente 184 trabajadores reportados en la plataforma pública. Además, la auditoría observó pagos que no correspondían al tabulador autorizado y discrepancias entre comprobantes fiscales y lo declarado ante el Servicio de Administración Tributaria.
Ante estas diferencias, la ASF dio vista al SAT para que realice una revisión específica sobre la congruencia fiscal de la nómina legislativa. El centro de investigación Morelos Rinde Cuentas advirtió que existe una brecha entre lo auditado y lo transparentado.
Roberto Salinas, director del organismo, afirmó que el gasto reportado en Servicios Personales para 2025 asciende a 215 millones de pesos. Sin embargo, en la plataforma de transparencia solo aparecen 116 millones vinculados a sueldos, lo que deja una diferencia significativa.
Salinas señaló que el número de personas registradas actualmente oscila entre 131 y 145, lo que no guarda proporción con el monto ejercido. También planteó la posibilidad de fallas estructurales en el control y publicación de la nómina.
El presidente del Congreso, Isaac Pimentel Mejía, aseguró que las observaciones corresponden al cierre de la legislatura anterior. Explicó que la actual administración mantiene colaboración con la ASF y entregará toda la documentación requerida.
El legislador descartó confirmar la existencia de “aviadores” y sostuvo que será la Auditoría quien determine responsabilidades al concluir el proceso. Además, señaló que cada legislatura aprueba su propio organigrama, lo que genera variaciones administrativas.
El Congreso reporta compromisos financieros superiores a 250 millones de pesos por jubilaciones, pensiones y personal sindicalizado. Las investigaciones continuarán conforme avance el proceso fiscalizador federal.
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