Gabriela Estrada García denunció públicamente a Aristóteles Martínez Mondragón, empresario y excandidato a diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), por presuntos actos de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y vicaria cometidos durante los aproximadamente once años que duró su matrimonio.
La denunciante también acusó al Poder Judicial de Morelos de favorecer a su expareja durante los procesos familiares, situación que, aseguró, la dejó sin sus hijos, sin patrimonio y sin una protección efectiva de sus derechos.
Acusan a Aristóteles Martínez de múltiples formas de violencia
Gabriela Estrada informó que mantiene una carpeta de investigación en el Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) por violencia familiar. Además, enfrenta litigios familiares, dos juicios de amparo y un incidente con el que busca recuperar la convivencia con sus hijos.
Durante un pronunciamiento público, relató que vivió durante más de una década bajo un ambiente de control, intimidación y violencia. Afirmó que Aristóteles Martínez vigilaba sus movimientos mediante personal de seguridad y su chofer, controlaba sus gastos, revisaba constantemente su teléfono celular, decidía sobre su atención médica y limitaba sus relaciones familiares y sociales.
“Durante todo el matrimonio viví en un contexto de violencia familiar caracterizado por agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y de control coercitivo”, expresó.
La denunciante aseguró que intentó divorciarse desde los primeros años del matrimonio debido a las constantes agresiones e infidelidades, pero afirmó que su entonces esposo respondía con amenazas de quitarle a sus hijos.
Señala al Poder Judicial de favorecer a su expareja
Estrada García sostuvo que la violencia continuó después de la separación. Explicó que, aunque un juez inicialmente le permitió permanecer en el domicilio familiar junto con sus hijos, posteriormente la desalojaron de la vivienda cuando Aristóteles Martínez acudió acompañado por elementos de la Policía Municipal de Cuernavaca.
También afirmó que los juzgados familiares aprobaron convenios que firmó bajo amenazas y sin perspectiva de género, lo que derivó, según su versión, en la pérdida de derechos patrimoniales y de convivencia con sus hijos.
Actualmente promueve dos juicios de amparo, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidiera no atraer el caso, así como un incidente para recuperar el contacto con los menores.
Al concluir su mensaje, responsabilizó públicamente a su expareja de cualquier agresión que pudiera sufrir ella o sus hijos y pidió a las autoridades actuar con perspectiva de género para garantizar su protección.
