Una presunta instrucción dirigida a dependencias del Gobierno estatal ha generado cuestionamientos por el uso de trabajadores públicos para aumentar las interacciones en las redes sociales de Margarita González Saravia.
El mensaje, que comenzó a circular en redes sociales, solicita elaborar listas de 50 empleados por dependencia para que reaccionen, comenten y compartan las publicaciones oficiales de la gobernadora.
La filtración ha provocado críticas sobre la posibilidad de que personal de la administración pública participe en una estrategia coordinada para fortalecer la presencia digital de la mandataria.
Señalan a funcionaria por presunta orden sobre Margarita González
De acuerdo con el material difundido, Maleny Vázquez, identificada como directora de Social Media del Gobierno estatal, habría enviado la solicitud a distintas dependencias.
El mensaje atribuye directamente la petición a la gobernadora y establece un plazo para entregar la información de los trabajadores.
“La gobernadora nos está solicitando una lista de 50 personas por cada dependencia para que repliquen, comenten y reaccionen a sus contenidos”, señala el texto filtrado.
Además, solicita que cada dependencia proporcione los nombres, números de teléfono celular y correos electrónicos de los empleados seleccionados.
La instrucción establece como fecha límite el lunes a las cinco de la tarde, aunque el material difundido no permite confirmar cuándo se envió originalmente.
Aquí puedes ver el video completo
Cuestionan posible uso de trabajadores públicos
La controversia no se limita a las interacciones en redes sociales. También plantea dudas sobre la recopilación de datos personales de los empleados y las condiciones en las que participarían en estas actividades.
El señalamiento también abre preguntas sobre la posible utilización de estructuras administrativas para mejorar artificialmente la interacción en las publicaciones oficiales de Margarita González Saravia.
Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de una postura oficial del Gobierno estatal o de la funcionaria señalada.
La difusión del contenido mantiene abierta la discusión sobre los límites entre la comunicación institucional y la promoción de figuras políticas mediante personal de la administración pública.
