Reforma al retiro de trabajadores en Morelos
El enojo por el aumento al transporte público todavía sigue abierto y el gobierno de Margarita González Saravia ya enfrenta otra crisis. Ahora el conflicto apunta al retiro de miles de trabajadores estatales, porque una propuesta atribuida al Ejecutivo modificaría las reglas de jubilación y reduciría montos actuales y futuros.
La contradicción empezó dentro del propio gobierno. Jorge Salazar Acosta, secretario de Administración y Finanzas, negó que exista una propuesta formal entregada al Congreso. Sin embargo, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora de la fracción del PT, confirmó que los coordinadores parlamentarios recibieron un documento a principios de junio.
De acuerdo con el documento difundido por el periodista René Vega, la reforma al artículo 131 de la Constitución de Morelos crearía un Instituto Estatal de Pensiones y fijaría un tope para jubilaciones. Ninguna pensión podría superar la mitad del salario neto de la Presidencia de la República.
Con el sueldo federal de 2026, ese límite rondaría los 67 mil 145 pesos mensuales. El punto más delicado aparece en la Disposición Transitoria Quinta, porque también alcanzaría trámites en curso y beneficios ya vigentes.
El gobierno justifica el cambio con cifras duras. En 2021 había 6 mil 115 trabajadores activos y 5 mil 387 jubilados. Para 2026, la relación cambió a 6 mil 57 pensionados frente a 5 mil 801 activos.
El problema no es admitir que el sistema requiere orden. El problema es operar una reforma sensible entre mensajes contradictorios, mientras los sindicatos denuncian un posible recorte generalizado y no solo un ajuste contra las llamadas pensiones doradas.
Además, los trabajadores con 15 o 18 años de servicio quedarían atrapados en nuevas reglas que no existían cuando comenzaron a cotizar. Su retiro dependería de un tope ligado al salario presidencial y no únicamente a su trayectoria laboral.
La falta de claridad golpea directamente la confianza pública. Después del tarifazo, el gobierno no puede pedir paciencia mientras niega documentos que legisladores dicen haber recibido. Margarita González Saravia y su jefe de oficina, Javier García, tienen una decisión política frente a ellos: transparentar el proyecto o cargar con otra reforma marcada por sospechas.
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