Gobierno y Ayuntamiento se pasan “la bolita” del proyecto Altoverde

Altoverde divide a autoridades en Morelos

El futuro de Altoverde dejó de depender únicamente de un expediente técnico. Las declaraciones del secretario de Desarrollo Sustentable, Alan Dupré Ramírez, muestran que la discusión ya se trasladó al terreno político, donde cada autoridad intenta deslindarse de una decisión que tendrá consecuencias ambientales permanentes.

Mientras Urióstegui insiste en defender la viabilidad del desarrollo inmobiliario, el gobierno de Margarita González Saravia busca colocar toda la responsabilidad sobre el Ayuntamiento de Cuernavaca. Sin embargo, ambas instancias participan en un procedimiento que requiere decisiones administrativas y ambientales de los dos niveles de gobierno.

Altoverde enfrenta un rechazo respaldado por la ciencia

Alan Dupré sostuvo que el Ayuntamiento cuenta con autonomía para decidir si otorga los permisos municipales y recordó que previamente concedió un uso de suelo que permitió avanzar al proyecto. Al mismo tiempo, afirmó que la Secretaría de Desarrollo Sustentable únicamente resolverá la Licencia de Impacto Ambiental y que el resto corresponde al municipio.

Ese argumento resulta difícil de sostener cuando la propia dependencia reconoce que el Programa de Ordenamiento Ecológico Local prohíbe los asentamientos humanos en esa Unidad de Gestión Ambiental. Incluso el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca establece de manera expresa que los asentamientos humanos están prohibidos en esas zonas.

Nadie quiere asumir el costo político

José Luis Urióstegui mantiene una postura favorable al proyecto desde antes de que concluyan los dictámenes técnicos pendientes. En lugar de responder a las preocupaciones ciudadanas, ha defendido públicamente la posibilidad de desarrollar el predio y ha minimizado parte de los argumentos de especialistas y ambientalistas.

Al mismo tiempo, Alan Dupré invoca el principio in dubio pro natura, pero evita pronunciarse con claridad sobre la viabilidad ambiental del proyecto y traslada la presión política al Ayuntamiento. Esa posición permite al gobierno de Margarita González Saravia intentar conservar un discurso ambientalista mientras evita asumir el costo de una decisión que también depende de sus propias facultades.