La situación jurídica del alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián, se complicó después de que reconociera ante un juez federal haber participado en una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias El Barbas, identificado por las autoridades como líder regional del Cártel del Pacífico en Morelos.

De acuerdo con información contenida en la causa penal 179/2026, el encuentro ocurrió el 10 de junio de 2024, apenas ocho días después de las elecciones. La reunión también involucró a alcaldes electos, exfuncionarios, empresarios y líderes transportistas de la región oriente del estado.

Jesús Corona reconoció encuentro con El Barbas

Según abogados con acceso al expediente, Corona Damián confirmó la autenticidad del video difundido por las autoridades y aceptó que estuvo presente durante la reunión. También validó que el líder criminal realizó exigencias dirigidas a autoridades electas.

La carpeta de investigación FED/FEMDO/FEITATA-SIN/174/2025 sostiene que El Barbas ordenó incorporar a personas de su confianza en áreas estratégicas como finanzas, presupuesto y seguridad pública dentro de los gobiernos municipales.

Además, el alcalde argumentó ante el juez que acudió obligado por integrantes del crimen organizado. Sin embargo, el juzgador rechazó esa justificación y sostuvo que un servidor público tiene la obligación de denunciar este tipo de presiones ante las autoridades competentes.

Fiscalía investiga red de alcaldes en Morelos

La Fiscalía General de la República acusa a varios de los detenidos en el Operativo Enjambre de integrar una red de funcionarios municipales vinculada con actividades de extorsión y lavado de dinero en el oriente de Morelos.

Entre los asistentes señalados por la investigación aparecen colaboradores cercanos del Ayuntamiento de Cuautla, empresarios de la región, líderes transportistas y el exalcalde de Yecapixtla, Irving Sánchez Zavala. El principal testigo de la fiscalía declaró que todos saludaron personalmente a El Barbas antes de escuchar sus instrucciones.

Asimismo, el juez sostuvo que aceptar como válida la explicación de haber acudido por obligación significaría reconocer la incapacidad del Estado frente al crimen organizado. La investigación continúa mientras las autoridades federales intentan determinar el alcance de la presunta relación entre funcionarios municipales y la estructura criminal señalada en el expediente.

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