La administración de Margarita González Saravia destinó 950 mil pesos para instalar barricadas antimotines alrededor del Palacio de Gobierno durante la marcha del 8 de marzo. La decisión abrió un nuevo debate sobre las prioridades del gasto público en Morelos, debido a que organizaciones civiles y activistas cuestionaron que esos recursos no se orientaran al fortalecimiento de programas para atender la violencia contra las mujeres.
El gasto fue autorizado por la Secretaría de Administración y Finanzas bajo el concepto de “servicio de protección y seguridad perimetral” y se cubrió con recursos del Ramo 28, correspondientes a Participaciones Federales. La contratación quedó formalizada mediante el contrato DAS/24/2026 y benefició a la empresa Casati Producciones, S.A. de C.V., once días después de la movilización del 8M.
Morelos mantiene vigente la Alerta de Violencia de Género desde agosto de 2015 y continúa entre las entidades con mayores índices de feminicidio del país, de acuerdo con estadísticas oficiales. Ese contexto alimentó las críticas hacia un gasto que, para diversos colectivos, refleja prioridades alejadas de las necesidades que enfrentan miles de mujeres en la entidad.
Margarita González Saravia enfrenta cuestionamientos por el gasto
La investigación publicada por Proceso señala que los 950 mil pesos destinados a las barricadas equivalen a cerca del 85 por ciento del presupuesto asignado a medicamentos, reactivos y materiales utilizados en 2025 para la detección y atención del cáncer de mama y cérvico uterino. Por cada 100 pesos dirigidos a esos insumos, alrededor de 84 pesos se destinaron a proteger el perímetro del Palacio de Gobierno durante una sola jornada.
El reportaje también identifica falta de información pública sobre la operación de los Centros LIBRE, creados para brindar atención a mujeres en situación de violencia. La Plataforma Nacional de Transparencia no contiene información suficiente sobre presupuesto operativo, contratación de personal ni condiciones laborales, mientras que el único contrato localizado corresponde a materiales de difusión por poco más de 181 mil pesos.
Persisten dudas sobre los criterios de contratación
La activista Adriana Mujica, integrante de Género 33, sostuvo que esos recursos pudieron utilizarse para fortalecer la prevención de las violencias, ampliar la atención psicológica y jurídica, mejorar los Centros de Justicia para las Mujeres o dotar de mayores herramientas a los Centros LIBRE. En el mismo sentido, Roberto Salinas, director de Morelos Rinde Cuentas, afirmó que el problema no radica únicamente en el monto ejercido, sino en los criterios utilizados para adjudicar el contrato, ya que el expediente no incorpora comparativos de precios, cotizaciones alternativas ni estudios técnicos que expliquen la necesidad del blindaje instalado durante la marcha.
