Las piezas del viejo aparato político todavía se mueven con fuerza dentro del sistema judicial. La suspensión provisional obtenida por Penélope Picazo encendió nuevas sospechas sobre las redes de protección que sobreviven alrededor de funcionarios investigados por corrupción y abuso de poder.
La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas enfrenta dos investigaciones iniciadas por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización y ocho carpetas adicionales en la Fiscalía Anticorrupción. Las acusaciones apuntan a presuntos cobros de “moche” a víctimas para liberar recursos de reparación del daño. Además, el caso golpea directamente la credibilidad de una institución creada para atender a personas vulnerables.
Penélope Picazo y la red política alrededor del amparo
La resolución judicial fue emitida dentro de un juicio radicado en el Juzgado Sexto de Distrito. Ahí se desempeña como secretario de acuerdos Aldo Salazar Villanueva, hijo de Juan Salazar Núñez, ex fiscal anticorrupción y personaje identificado públicamente por su cercanía y compadrazgo con Penélope Picazo.
El vínculo no pasó desapercibido dentro del ambiente político local. Juan Salazar y Penélope Picazo mantienen diferencias abiertas con el actual fiscal anticorrupción, Leonel Díaz Rogel, quien sostiene investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades cometidas durante la gestión de la funcionaria y con decisiones tomadas en la anterior administración de la fiscalía.
Asimismo, la suspensión provisional llegó justo cuando crecían las presiones públicas para avanzar en las investigaciones. Distintos sectores comenzaron a cuestionar si todavía existen estructuras capaces de operar favores políticos desde espacios estratégicos del Poder Judicial.
Las investigaciones contra Penélope Picazo avanzan mientras la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas mantiene observaciones financieras y fuertes críticas por retrasos en pagos y atención institucional.
