En el Ayuntamiento de Cuernavaca, el uso del dinero público vuelve a colocarse bajo la lupa. Lo que debería destinarse a la gestión pública comienza a mostrar indicios de operar como un sistema cerrado donde los recursos circulan entre personas cercanas al poder.
No se trata de versiones o interpretaciones. La información documentada exhibe cómo ciertos contratos y decisiones administrativas terminan vinculados con el propio entorno del gobierno municipal.
Ayuntamiento de Cuernavaca y contratos ligados a funcionarios
Uno de los casos más visibles es un contrato por más de 357 mil pesos para la adquisición de sillas. El proveedor fue Incógnita Productions S.A. de C.V., empresa en la que participa Israel Jiménez Ocampo, identificado como hermano de Jorge Jimenez Ocampo, director de Comunicación Social del ayuntamiento.
Asimismo, dentro de la misma empresa aparece Cindy Zeltzin Pérez López, quien ha sido señalada como secretaria particular del alcalde José Luis Urióstegui Salgado. La conexión entre funcionarios y proveedores no es circunstancial, está respaldada por documentación, facturas y registros oficiales.
Además, el caso no se limita a la contratación de servicios. El propio Jorge Jimenez Ocampo también figura en la asignación de recursos públicos de publicidad hacia un medio digital que él mismo controla.
Conflictos de interés y control del presupuesto
Por otro lado, desde la oficina encargada de la comunicación institucional se autorizan pagos mensuales que superan los 100 mil pesos hacia ese medio. Esto coloca en una sola figura tanto la decisión del gasto como el destino del recurso.
La situación configura un escenario donde quien administra el presupuesto también resulta beneficiado directamente. Es un esquema donde desaparecen los contrapesos y se concentra el control en una misma estructura.
De igual manera, el patrón se repite. Contratos dirigidos a empresas relacionadas con familiares y recursos públicos canalizados a plataformas propias bajo el argumento de comunicación institucional.
El problema no radica únicamente en los montos. El fondo es el uso del cargo público para favorecer intereses personales dentro del mismo círculo.
En este contexto, la administración encabezada por José Luis Urióstegui Salgado enfrenta cuestionamientos sobre la manera en que se distribuyen los recursos, en un modelo donde las decisiones parecen concentrarse en una red cerrada de beneficios.
