La justicia en Morelos enfrenta un nuevo foco de tensión tras una denuncia que sacude a una de sus instituciones clave. El fiscal anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz, quedó bajo escrutinio federal por presuntas prácticas que afectan directamente a víctimas de delitos graves.
El caso coloca nuevamente en el centro del debate la relación entre poder, acceso a la información y manejo de recursos públicos en México. Además, exhibe cómo los mecanismos de reparación pueden distorsionarse cuando intervienen intereses particulares.
Denuncia contra fiscal anticorrupción de Morelos por cobros ilegales
La titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas de Morelos, Eva Penélope Picazo, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República. En ella acusa al fiscal anticorrupción de Morelos y a su hijo de operar una red de cobros ilegales.
Según la acusación, exigían hasta el 25 por ciento de las indemnizaciones destinadas a víctimas. Estos recursos provienen de fondos federales vinculados a la seguridad pública y reparación del daño.
Asimismo, se señala que el hijo del fiscal accedió a información confidencial tras ser contratado en 2024 dentro de la Comisión de Víctimas. Posteriormente, habría utilizado esos datos para representar legalmente a afectados y fijar honorarios elevados.
Presunta manipulación institucional y reacción oficial
Por otro lado, la denuncia detalla que desde la Fiscalía Anticorrupción se solicitaba información específica para presionar procesos. Esto habría permitido favorecer pagos a ciertos casos sobre otros, alterando el orden de atención.
Las conductas descritas podrían constituir delitos como peculado, tráfico de influencias y extorsión institucional. En consecuencia, se solicitó la intervención directa de la FGR debido al uso de recursos federales.
El fiscal Leonel Díaz rechazó las acusaciones mediante un comunicado oficial. Afirmó que se trata de versiones sin fundamento y sugirió que la denuncia responde a intereses políticos vinculados a investigaciones en curso.
Además, la funcionaria denunciante pidió medidas de protección ante posibles represalias. El caso permanece abierto mientras las autoridades federales analizan el alcance de los señalamientos, que podrían impactar la credibilidad institucional en Morelos.
