Denuncian red de fraude en pensiones municipales
Una nueva denuncia de corrupción golpeó al Ayuntamiento de Cuernavaca y volvió a exhibir cómo áreas completas del gobierno municipal operan bajo sospechas de manipulación, tráfico de influencias y presuntos fraudes con recursos públicos.
El señalamiento apunta directamente contra el regidor priista Salvador Aguilar, presidente de la Comisión de Jubilaciones y Pensiones, así como contra su colaborador Ernesto Olguín. Ambos presuntamente construyeron un esquema fraudulento para cobrar una pensión por viudez violando procedimientos legales obligatorios.
De acuerdo con la denuncia, Ernesto Olguín aprovechó que su compañero Gregorio Manzo de Iza no tenía familiares cercanos y atravesaba una enfermedad grave para internarlo en un asilo. Posteriormente presentó a su propia suegra, Hortensia Moncada, como supuesta viuda del trabajador fallecido.
Además, la acusación sostiene que Salvador Aguilar utilizó su posición política dentro del Ayuntamiento para acelerar el trámite y conseguir una constancia de viudez irregular mediante la Sindicatura encabezada por Paula Trade.
La denuncia afirma que Paula Trade solicitó al Juez Cívico emitir el documento necesario para validar el supuesto vínculo entre Hortensia Moncada y Gregorio Manzo de Iza, pese a que legalmente debía existir un juicio de beneficiarios.
Asimismo, Ernesto Olguín presuntamente falsificó firmas del trabajador fallecido para agilizar el procedimiento y destrabar la liberación de recursos públicos.
Según los denunciantes, el Ayuntamiento entregó un cheque por 500 mil pesos correspondiente al seguro de vida del empleado. Los involucrados habrían repartido el dinero, incluido Salvador Aguilar, a quien señalan como presunto autor intelectual del esquema.
La acusación también involucra a los regidores Paz Hernández Pardo, Gabriel Rivas Ríos, Erika Lastra Jaimes y Juan Manuel Serrano Gastelum, quienes presuntamente avalaron el procedimiento dentro de la Comisión de Pensiones.
La Consejería Jurídica también votó a favor del trámite cuestionado. Además, la denuncia menciona como posibles cómplices a personal de Tesorería, Secretaría de Administración y Dirección de Recursos Humanos.
La contralora municipal fue la única funcionaria que presuntamente se opuso. Según la denuncia, advirtió que el documento presentado no acreditaba legalmente a la beneficiaria y que su área no podía validar el fondo del asunto.
Los denunciantes exigieron al alcalde José Luis Urióstegui detener inmediatamente la aprobación definitiva de la pensión y abrir investigaciones contra Salvador Aguilar, Ernesto Olguín y todos los funcionarios relacionados.
El caso volvió a exhibir la profunda desconfianza hacia las estructuras internas del Ayuntamiento de Cuernavaca, donde cada vez aumentan más las acusaciones sobre manipulación de recursos públicos y redes políticas dedicadas al negocio de jubilaciones y pensiones.
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