En Morelos, se viven momentos de tensión institucional. El gobierno nombró a Javier García Tinoco como miembro del Órgano de Administración Judicial del Tribunal Superior de Justicia local. El nombramiento ha generado cuestionamientos por presuntos actos de favoritismo y cercanía política con actores estatales.
García Tinoco fungía hasta ahora como comisionado estatal de Mejora Regulatoria. Su designación, publicada recientemente, se efectuó bajo el amparo de la Constitución estatal y un decreto interno vigente. Para muchos juristas, ese respaldo legal no elimina la preocupación por la transparencia del proceso y la independencia del Poder Judicial.
Críticas al nombramiento y señales de alerta
El proceso incluye otros designados señalados por conexiones familiares con diputados locales. Por ejemplo, uno de ellos tiene lazos directos con el presidente de la Junta Política del Congreso. Ello ha avivado acusaciones de nepotismo y manipulación institucional. Del mismo modo, algunos observadores afirman que la selección obedeció a mecanismos de presión política más que al mérito técnico.
Entre los argumentos a favor, el presidente del TSJ defendió el nombramiento de dos mujeres jóvenes, alegando que los cambios dinamizan la institución. También señaló que aquellos sin experiencia tendrán oportunidad de adaptarse al nuevo rol. Sin embargo, la ciudadanía cuestiona de qué forma se elegirá quién “tiene mérito” en medio del ruido político.
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Tras esta designación, el reto será vigilar que el Poder Judicial no se convierta en un “recurso permitido” para configurar mayor control partidista en el estado.
Un dato reciente refleja la sensibilidad: los cuatro nombramientos combinados despertaron rechazo público e inquietud entre abogados experimentados, lo que podría mermar la legitimidad institucional de estas nuevas designaciones.
