La discusión sobre el paquete económico entregado al Congreso de Morelos abrió una nueva interrogante sobre la forma en que el estado decide sus prioridades, especialmente cuando el discurso oficial insiste en bienestar mientras la realidad muestra brechas profundas y programas sociales sin mecanismos claros de selección.
El documento fue presentado por Jorge Salazar Acosta, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, ante legisladores encabezados por Isaac Pimentel Mejía. La propuesta asciende a 41 mil 362 millones de pesos y, aunque presume un incremento del 8.3 por ciento respecto a 2025, deja inquietudes respecto al impacto real en la población que más necesita servicios públicos sólidos. Además, la revisión del presupuesto involucra decisiones respaldadas por la gobernadora Margarita González Saravia, lo que mantiene en el centro del debate la dirección política del gasto estatal.
Paquete económico y el énfasis en apoyos directos
El propio Salazar Acosta afirmó que las prioridades del Ejecutivo se enfocan en bienestar social, educación y seguridad. Sin embargo, el mayor crecimiento se concentra nuevamente en programas sociales que reparten dinero sin filtros de comprobación, lo que para diversos sectores genera dudas sobre su uso electoral y la falta de reglas que aseguren que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan.
Además, el funcionario sostuvo que no se prevén incrementos a impuestos actuales, aunque sí un análisis para actualizar contribuciones como hospedaje, enajenación de inmuebles y servicios profesionales. No obstante, críticos del modelo señalan que, mientras se evita fortalecer la recaudación estructural, se continúa impulsando programas asistenciales sin padrones verificados. Por otro lado, la participación de subsecretarias y subsecretarios en la entrega subraya que la administración respalda por completo esta visión expansiva del gasto social.
Un presupuesto que crece sin fortalecer capacidades estatales
El paquete también incluye las solicitudes de los poderes Legislativo y Judicial, así como de organismos autónomos. Sin embargo, un dato destaca al cierre del análisis: los 3 mil 294 millones adicionales para dependencias contrastan con servicios que aún carecen de infraestructura suficiente para atender a la ciudadanía.
