La vida pública en Morelos vuelve a mostrar cómo el poder concentrado termina desgastando instituciones, voluntades y hasta confianzas internas. La figura de Rafael Reyes Reyes, envuelta hoy en acusaciones de abuso de autoridad y manejo discrecional de recursos, se ha convertido en un símbolo de desgaste político en un estado que busca reconstruir su rumbo. Lo que antes parecía una estrategia de liderazgo ahora se percibe como un ejercicio de control que asfixia al Congreso local y genera fracturas cada vez más visibles.
El legislador opera con la convicción de que las decisiones más importantes del estado le pertenecen. Además, mantiene un círculo cercano dividido entre quienes lo toleran por conveniencia y quienes simplemente revelan sus excesos. En las últimas semanas, junto a Isaac Pimentel Mejía, solicitó un incremento presupuestal que eleva el gasto del Congreso de 663 a 802 millones de pesos para 2026, un aumento real del veinte por ciento que contradice el discurso de austeridad con el que intentan justificarlo. También ignoran demandas sociales urgentes sobre seguridad, caminos e inversión pública que podrían aliviar la vida de miles de familias.
Rafael Reyes Reyes y el control del Congreso
La dinámica interna del Legislativo se ha tensado. Asimismo, las dudas sobre el uso de esos 139 millones adicionales fortalecen la percepción de opacidad. Del mismo modo, la relación con la gobernadora Margarita González Saravia se utiliza para legitimar decisiones que no encuentran respaldo ciudadano. La fotografía reciente entre ambos intenta proyectar calma, aunque en realidad es un mensaje para mantener alineado a un grupo parlamentario cada vez más inconforme.
Por otro lado, Reyes Reyes enfrenta acusaciones por misoginia y maltrato hacia legisladoras de su propio grupo, así como hacia una diputada de Movimiento Ciudadano. En consecuencia, dos diputadas morenistas, un diputado del mismo partido y la legisladora emecista analizan formar una disidencia para frenar sus abusos.
Nepotismo y presiones rumbo al Presupuesto 2026
La presión crece conforme se acerca la aprobación del Presupuesto 2026. Además, se alinean movimientos que pretenden asegurar candidaturas municipales bajo la promesa de protección política. Mientras tanto, el Congreso aprobó la designación de Clara Elizabeth Soto Castor, esposa del consejero presidente del IMIPE, Hertino Avilés Albavera, y de Karla Socorro Reyes Reyes, hermana del propio legislador, como magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa. Por otro lado, se anticipan nuevas maniobras en la integración del Tribunal, acompañadas de acuerdos diseñados para fortalecer su poder interno.
Las cifras refuerzan la preocupación: aprobar dos nuevas magistraturas y un presupuesto con incremento excesivo marca un precedente que compromete la autonomía de los contrapesos estatales.
