Ernestina Godoy en un proceso legislativo cuestionado
El debate político mexicano mostró un nuevo punto de tensión cuando el Senado ratificó a Ernestina Godoy como fiscal general, una designación que reavivó dudas sobre la autonomía institucional del país. La votación reveló divisiones profundas y dejó al descubierto un procedimiento acelerado que marcó el rumbo de una decisión que debía ofrecer certidumbre y no sospechas.
La funcionaria asumió el cargo con el respaldo de 97 votos provenientes del bloque oficialista y de Movimiento Ciudadano, que condicionó su apoyo a la firma de un decálogo sobre transparencia. Además, la sesión registró 19 votos en contra y 11 nulos, algunos emitidos como protesta abierta al proceso. Las críticas se multiplicaron por la rapidez con la que se resolvió el nombramiento y por el peso político que tuvo la influencia del Ejecutivo.
La nueva fiscal insistió en que no permitirá persecución ni impunidad, aunque su llegada a la FGR ocurrió tras la salida abrupta de Alejandro Gertz. También ocupa un espacio marcado por cuestionamientos debido a su cercanía con las máximas figuras del Gobierno. Asimismo, senadoras de oposición denunciaron presiones durante la comparecencia, lo que añadió más suspicacias al trámite.
La terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum incluyó únicamente a mujeres y se procesó en menos de una semana, un ritmo que varios legisladores calificaron como opaco. Por otro lado, voces críticas señalaron que el relevo podría consolidar una Fiscalía alineada al poder político.
El respaldo de Movimiento Ciudadano llegó tras la firma del decálogo mencionado, una señal clara de que la negociación avanzó más por estrategia parlamentaria que por evaluación técnica. En consecuencia, el proceso dejó un precedente sobre cómo las mayorías legislativas pueden definir nombramientos clave sin construir consensos amplios.
Un recuento oficial confirmó que cuatro senadores de oposición también votaron a favor, lo que reflejó tensiones internas en los bloques contrarios al Gobierno.
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