Revictimización CEARV Morelos
La revictimización CEARV Morelos quedó al descubierto tras una nueva recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. El documento revela denuncias de maltrato, omisión y desconfianza institucional dentro del Centro de Enlace y Atención a Víctimas del Delito, una instancia creada precisamente para proteger a quienes han sufrido violencia. Las víctimas, en lugar de recibir apoyo, relataron haber sido señaladas, ignoradas y sometidas a un trato indigno por parte de funcionarios públicos.
Según el informe, la CEARV incurrió en demoras injustificadas en los procesos de compensación, denegación de información y ausencia de seguimiento efectivo en varios casos. Los testimonios coinciden en un mismo punto: la atención estatal no solo falló, sino que agravó el daño. Este patrón de actuación contradice la obligación de garantizar el derecho a la reparación integral del daño y evidencia una falta de capacitación y supervisión entre sus operadores.
La recomendación también señala que las víctimas fueron tratadas con escepticismo y desdén. Varias denunciaron que, al presentar sus casos, fueron cuestionadas sobre su credibilidad o sobre si “realmente habían sufrido” lo que narraban. Estas prácticas vulneran derechos humanos y perpetúan la violencia simbólica. En consecuencia, la desconfianza hacia la CEARV se ha extendido entre comunidades que deberían encontrar allí un espacio de protección.
La revictimización CEARV Morelos no representa un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático. En los últimos dos años, la Comisión de Derechos Humanos ha emitido más de diez recomendaciones relacionadas con negligencia en la atención a víctimas.
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En un estado marcado por la violencia, la indiferencia institucional se traduce en abandono. Las víctimas no solo enfrentan la pérdida o el daño inicial, sino también la frustración de un sistema que promete acompañarlas y termina negándoles el derecho a sanar. Este nuevo señalamiento obliga a replantear el papel del Estado en la atención a víctimas y a exigir mecanismos reales de rendición de cuentas.
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