El gobierno municipal de Tepoztlán ejecutó un operativo nocturno para retirar a comerciantes ambulantes de la plaza principal, como parte de un proyecto de reordenamiento urbano y promoción turística que busca liberar este espacio público estratégico. La acción se realizó durante la madrugada, con apoyo de fuerzas estatales de seguridad, y dejó la plaza despejada desde primeras horas del día.
Las autoridades municipales sostuvieron que los vendedores se negaron a integrarse al esquema de reubicación previamente aprobado en asamblea comunitaria, el cual contempla su traslado al mercado municipal construido en administraciones anteriores. El ayuntamiento defendió la medida al señalar que forma parte de una estrategia para mejorar la imagen urbana y fortalecer la vocación turística del municipio, uno de los Pueblos Mágicos de Morelos con proyección internacional.
Desde la óptica oficial, Tepoztlán avanza en tiempo y forma en acciones que buscan ordenar el comercio informal, reducir conflictos y preparar al municipio para recibir mayor afluencia turística en los próximos años. El operativo también se enmarcó en acciones de seguridad y control del espacio público impulsadas desde la Mesa Estatal de Seguridad.
Tepoztlán enfrenta reclamos legales y denuncias
La versión de los comerciantes difiere. Vendedores afectados denunciaron que el ayuntamiento incumplió una suspensión provisional otorgada por un juzgado federal, la cual buscaba frenar el desalojo. Señalaron que el retiro de estructuras ocurrió con uso excesivo de fuerza y actos de intimidación, por lo que anunciaron la presentación de denuncias ante instancias judiciales.
La defensa legal de los comerciantes aseguró que cuentan con permisos previos para operar en la zona y calificó la reubicación como una simulación administrativa. Argumentó que el mercado municipal no garantiza condiciones equitativas y acusó irregularidades en la asignación de locales.
El conflicto evidencia la tensión entre el ordenamiento urbano y los derechos laborales de quienes dependen del comercio ambulante. Mientras el ayuntamiento insiste en que la decisión responde a un mandato comunitario, los afectados buscan que las autoridades judiciales determinen si el operativo vulneró garantías legales.
