Alito Moreno enfrenta nuevamente un proceso de desafuero
Alito Moreno enfrenta nuevamente un escenario que amenaza el principal escudo político que conserva. Mientras las acusaciones por presuntas irregularidades durante su gobierno en Campeche avanzan hacia la Cámara de Diputados, el dirigente nacional del PRI ha optado por presentar el proceso como una ofensiva política en su contra.
Alejandro Moreno Cárdenas ha elevado además el tono de su confrontación. Sus viajes a Washington, las denuncias contra Morena y sus acusaciones de una supuesta persecución buscan trasladar una discusión sustentada en expedientes judiciales hacia el terreno político internacional.
La Fiscalía Anticorrupción de Campeche atribuye a la administración encabezada por Moreno presuntas irregularidades por alrededor de 83.5 millones de pesos. A ello se agregan otros señalamientos sobre movimientos financieros relacionados con el dirigente priista y su hermano.
Sin embargo, Moreno insiste en construir una narrativa diferente. Ha denunciado una dictadura, habla reiteradamente de un “narcogobierno” e incluso ha pedido en Estados Unidos que Morena sea considerada una “organización terrorista”.
La estrategia resulta conveniente para un dirigente que enfrenta acusaciones concretas. Convertirse en perseguido político permite desplazar la atención desde las investigaciones hacia un enfrentamiento entre oposición y Gobierno.
El fuero continúa siendo una pieza fundamental. Desde 2022, autoridades de Campeche han buscado retirarle esa protección para proceder penalmente contra él.
En aquel episodio surgió además Ricardo Monreal. Layda Sansores difundió conversaciones atribuidas a ambos políticos en las que el entonces senador habría advertido a Moreno sobre investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera y recomendado promover un amparo.
La pregunta inevitable es por qué, después de años de investigaciones y acusaciones, Moreno conserva suficiente margen para aumentar su confrontación política.
Su capacidad para sobrevivir políticamente parece descansar menos en desmentir cada señalamiento que en conservar relevancia dentro de las negociaciones nacionales. El PRI perdió buena parte de su fuerza electoral, pero durante años mantuvo votos legislativos útiles para acuerdos y reformas.
Ahora ese escenario podría cambiar. Tras reorganizar las investigaciones, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche presentó en 2025 una segunda solicitud para retirarle el fuero.
El expediente deberá ser revisado por la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. Después corresponderá determinar si existen elementos para retirar la protección constitucional y permitir que las acusaciones continúen ante las autoridades judiciales.
Moreno tendrá entonces que enfrentar una cuestión que su discurso político no puede resolver por sí mismo. La investigación de Campeche coloca sobre la mesa presuntas irregularidades por 83.5 millones de pesos, una cifra que deberá esclarecerse mediante el proceso correspondiente.
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