En Morelos, la creación del Instituto de Pensiones ha encendido el debate público tras la instalación de una comisión interinstitucional entre el Ejecutivo y el Legislativo. Diversos sectores de la sociedad civil han manifestado preocupación por la falta de apertura en el proceso.
El inicio de los trabajos se realizó a puerta cerrada, pese a que se había convocado a medios de comunicación. Esta decisión generó cuestionamientos sobre la transparencia y la participación ciudadana en un tema clave para el futuro financiero del estado.
Instituto de Pensiones avanza sin apertura pública
La comisión se instaló el pasado 10 de marzo con la participación de dependencias estatales, órganos autónomos y legisladores. Entre ellas destacan la Secretaría de Administración y Finanzas, la Consejería Jurídica y el ICTSGEM.
Además, autoridades estatales señalaron que el objetivo es agilizar la creación del instituto y proteger los derechos adquiridos de los trabajadores. Sin embargo, el documento base será revisado únicamente al interior del gobierno, sin contemplar espacios abiertos para ciudadanía o sindicatos independientes.
Asimismo, durante una conferencia oficial, no se permitió realizar preguntas sobre el tema, lo que incrementó la percepción de falta de transparencia. Esta situación ha sido señalada por organizaciones civiles como un obstáculo para la construcción de un modelo confiable.
Especialistas advierten riesgos por falta de rendición de cuentas
Expertos en pensiones y representantes de la sociedad civil han advertido que el proceso presenta deficiencias importantes. Coinciden en que la creación del instituto es necesaria, pero requiere mecanismos claros de vigilancia y participación.
También, el especialista Roberto Salinas subrayó que la ausencia de rendición de cuentas ha sido un problema histórico en el estado. Señaló que no existen investigaciones judicializadas ni información clara sobre posibles actos de corrupción en el manejo de jubilaciones.
Del mismo modo, se destacó la importancia de abrir foros y mesas de trabajo donde participen sectores académicos, privados y ciudadanos. La inclusión de distintas voces podría fortalecer la legitimidad del proyecto.
En consecuencia, la discusión sobre el Instituto de Pensiones se mantiene abierta, con una creciente exigencia social para garantizar transparencia, evitar prácticas irregulares y construir un sistema sostenible para los trabajadores.
