El INE ordenó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al partido y a diferentes integrantes y comités estatales retirar publicaciones en redes sociales que relacionaban a Morena con el narcotráfico y el crimen organizado. La decisión deriva de dos denuncias presentadas por el partido oficialista.
La Comisión de Quejas y Denuncias analizó contenidos con expresiones como “narcogobierno”, “narcopartido”, “narcoestado”, “MORENARCOS” y “Cártel de MORENA”. De manera preliminar, consideró que parte de esos mensajes podría atribuir hechos o delitos falsos sin pruebas o sentencias que acrediten las afirmaciones.
INE concede medidas cautelares solicitadas por Morena
En el primer expediente, la Comisión revisó 15 publicaciones de Moreno Cárdenas en X y Facebook, además de un reposteo. También examinó contenidos difundidos por el PRI y por integrantes de ese partido.
Las medidas alcanzaron publicaciones de Emilio Suárez Licona, Rubén Moreira, Carolina Viggiano y Marco Antonio Mendoza. El órgano electoral determinó, bajo un análisis preliminar, que los mensajes denunciados podrían configurar calumnia electoral.
La orden establece un plazo máximo de seis horas, contado desde las 9:00 horas del día hábil siguiente a la notificación, para retirar los contenidos señalados.
Comisión mantiene otros mensajes del PRI en redes y medios
No todos los contenidos denunciados recibieron el mismo tratamiento. La Comisión rechazó retirar otra publicación del PRI y declaró improcedentes las medidas contra el promocional denominado “SEÑALAMIENTOS”, difundido en radio y televisión. Tampoco ordenó eliminar la publicación de Moreno que compartía ese material ni el reposteo del partido.
En esos casos, el análisis inicial no encontró una imputación evidente y explícita de hechos o delitos falsos contra Morena.
El segundo expediente incluyó siete publicaciones de Alejandro Moreno, diez reposteos del PRI y contenidos de comités estatales, entre ellos el de Morelos. La Comisión también concedió medidas cautelares sobre esos mensajes al considerar que no se aportaron pruebas suficientes para respaldar las imputaciones.
La decisión no resuelve definitivamente que el PRI o sus dirigentes hayan cometido una infracción. Las medidas son cautelares y corresponden a un análisis preliminar mientras continúa el procedimiento que deberá determinar el fondo del caso.