Reforma plantea nuevos requisitos para cargos ejecutivos
El Gobierno de Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una reforma constitucional para impedir que personas con doble nacionalidad puedan ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La propuesta establece que quienes aspiren a alguno de estos cargos deberán contar exclusivamente con la nacionalidad mexicana. Si una persona posee otra ciudadanía, tendrá que renunciar a ella antes de registrar formalmente su candidatura.
“Debe ser solo mexicana, no tener ninguna otra nacionalidad”, explicó Sheinbaum al defender una iniciativa que, de aprobarse, comenzaría a aplicarse hasta 2030.
Los cambios planteados alcanzan los artículos 86, 116 y 122 de la Constitución. Además de exigir la renuncia a una segunda nacionalidad antes del registro, la propuesta impediría que quienes ya ocupen esos cargos soliciten otra ciudadanía durante el ejercicio de sus funciones.
El proyecto llegará al Congreso durante el próximo periodo ordinario, donde diputados y senadores tendrán que discutirlo y, en su caso, aprobarlo antes de enviarlo a los congresos estatales para completar el procedimiento de reforma constitucional.
La iniciativa surge además en medio de las aspiraciones presidenciales del exgobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, quien permanece en Estados Unidos y ha expresado su intención de competir por la Presidencia en 2030.
Sheinbaum cuestionó esas aspiraciones al señalar que resulta “muy difícil ser candidata o candidato y lanzar tu candidatura desde otro país”.
Arturo Zaldívar, ministro en retiro, explicó que la orden de aprehensión que enfrenta Cabeza de Vaca no representa por sí misma un impedimento automático para buscar una candidatura.
Según Zaldívar, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendría que resolver una eventual controversia. El exgobernador podría perder su derecho a competir si un juez lo vincula a proceso y además le impone prisión preventiva como medida cautelar.
La reforma planteada por el Gobierno abrirá ahora una discusión distinta sobre los requisitos de acceso a los principales cargos ejecutivos del país. Si consigue los votos necesarios, desde 2030 quienes busquen gobernar México, un estado o la capital deberán hacerlo únicamente con nacionalidad mexicana.
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