Comunidades atrapadas entre violencia y disputa territorial
La guerra que consume comunidades entre la Montaña y la región Centro de Guerrero volvió a mostrar que detrás de muchos discursos sobre seguridad se esconden intereses políticos, control territorial y estructuras criminales que operan desde hace años con absoluta impunidad.
Comunidades cercanas a Chilapa y Atlixtac enfrentan nuevamente desplazamientos, ataques armados y miedo constante tras una nueva ofensiva atribuida a Los Ardillos, grupo criminal que busca consolidar su dominio en distintas localidades de la zona.
Hace cuatro años, el entonces obispo de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, lanzó declaraciones que hoy cobran fuerza otra vez. El religioso sostenía que la batalla en esa región no giraba alrededor de drogas, sino del control político, territorial y económico.
Las comunidades de Tula y Xicotlán se mantienen como puntos centrales del conflicto. De un lado opera Los Ardillos. Del otro, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, conocido como CIPOG EZ, organización de autodefensa que intenta frenar el avance criminal.
La nueva oleada de ataques dejó decenas de familias desplazadas, aunque integrantes del CIPOG EZ sostienen que la cifra real asciende a varios cientos de personas refugiadas en comunidades vecinas como Alcozacán.
Además, integrantes de policías comunitarias denuncian más de 70 asesinatos y 25 desapariciones desde 2014. Tan solo durante el último mes ocurrieron seis homicidios relacionados con esta confrontación.
La violencia alrededor de Chilapa también exhibe el enorme peso político que existe detrás de estos territorios. El control de ayuntamientos, distritos electorales y asambleas comunitarias representa uno de los principales objetivos para grupos criminales y estructuras políticas locales.
El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aseguró recientemente que el CIPOG EZ mantiene vínculos con otro grupo criminal conocido como Los Tlacos. Sin embargo, habitantes y conocedores de la región consideran que el escenario es mucho más complejo y que ningún grupo actúa completamente separado de intereses políticos.
La tensión crece todavía más porque el próximo año Guerrero renovará alcaldías, diputaciones y gubernatura. En regiones como Chilapa, donde el crimen organizado lleva años infiltrando estructuras políticas y comunitarias, el proceso electoral amenaza con convertir nuevamente a la población en rehén de una disputa donde el poder parece valer más que la vida.
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