Morelos atraviesa uno de sus momentos más violentos de los últimos años y las cifras oficiales ya colocan a la administración de Margarita González Saravia en un escenario que ni siquiera el gobierno de Cuauhtémoc Blanco logró alcanzar durante su arranque.
Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública exhiben un incremento de 28.6% en homicidios durante los primeros 18 meses del actual gobierno estatal, un dato que golpea directamente el discurso oficial sobre seguridad y construcción de paz.
Además, mientras el gobierno insiste en mensajes optimistas, la realidad muestra otra cosa. Entre octubre de 2024 y marzo de 2026 asesinaron a 2 mil 190 personas en los 36 municipios del estado.
Homicidios crecen mientras el gobierno pierde control
Durante el mismo periodo del sexenio de Cuauhtémoc Blanco Bravo, de octubre de 2018 a marzo de 2020, el estado registró mil 703 homicidios. La diferencia no es menor. Son casi 500 asesinatos más bajo la administración de Margarita González Saravia.
Asimismo, las cifras reflejan que cada día murieron hasta cuatro personas en territorio morelense durante los primeros 540 días del actual gobierno.
El problema ya no puede reducirse a discursos sobre coordinación o estrategias en proceso. Los homicidios continúan creciendo mientras comerciantes, estudiantes, mujeres y familias viven bajo miedo constante.
En marzo pasado, el estado llegó al cuarto lugar nacional en homicidios dolosos. Además, ocupa el segundo sitio nacional en feminicidios.
Feminicidios y crisis de seguridad agravan la presión
La violencia contra las mujeres también escaló durante esta administración. De manera oficial, las autoridades reconocen 50 feminicidios en el actual sexenio. Sin embargo, colectivos feministas sostienen que la cifra real es mucho mayor.
Organizaciones denunciaron que solamente en el primer trimestre de 2026 contabilizaron al menos 35 asesinatos violentos de mujeres, mientras el SESNSP reconoció apenas ocho casos.
Entre las víctimas aparecieron Kimberly Ramos Beltrán y Karol Gómez Toledo, estudiantes de la UAEM cuyos feminicidios detonaron el paro estudiantil en el Campus Chamilpa y colocaron nuevamente a la inseguridad como una de las principales exigencias hacia el gobierno estatal y la Fiscalía General del Estado.
Por otro lado, el activista Saúl Roque Morales advirtió que la falta de resultados podría provocar que comunidades decidan actuar por cuenta propia ante el crecimiento de la violencia.
La investigadora Eréndira Serrano también cuestionó la efectividad de las estrategias oficiales y recordó que el gasto en seguridad aumentó mientras los homicidios siguen disparándose en la entidad.
