Una denuncia por censura volvió a sacudir el panorama político en Morelos, México, tras la acusación directa de la periodista Verónica Bacaz contra funcionarios del gobierno estatal.
El caso surge luego de que la reportera señalara públicamente haber recibido un ultimátum para eliminar un contenido periodístico. Además, el señalamiento apunta directamente a la oficina de la gubernatura encabezada por Javier García Chávez dentro de la administración de Margarita González Saravia. Asimismo, la presión habría sido canalizada a través de la coordinadora estatal de Comunicación Social, Margarita Estrada.
Verónica Bacaz acusa presión directa desde el gobierno
De acuerdo con la denuncia, Verónica Bacaz fue advertida de retirar su publicación en un plazo de media hora. También afirmó que la orden descendió por distintos niveles dentro del gobierno estatal hasta llegar directamente a ella.
El contenido en cuestión abordaba la presunta adquisición de dos propiedades por parte de un diputado local de Morena. Asimismo, la periodista detalló que dichas compras habrían ocurrido en menos de un año y por montos millonarios, sin explicaciones públicas ni investigaciones visibles.
En consecuencia, la reportera interpretó la exigencia como un acto de censura.
Señalamientos aumentan tensión en el entorno periodístico
El caso ha generado preocupación en el gremio periodístico de Morelos. Además, la falta de una postura pública por parte de Javier García Chávez ha intensificado las críticas hacia el manejo institucional del caso.
Por otro lado, el gobierno estatal emitió únicamente un boletín sin profundizar en los señalamientos. Asimismo, la situación ha sido interpretada como una muestra de intolerancia hacia contenidos críticos.
De igual manera, Verónica Bacaz expresó su preocupación por posibles consecuencias personales y para su entorno. Durante su mensaje, pidió que cualquier situación que afecte a su familia o colegas sea investigada.
El episodio ocurre en un contexto donde la libertad de expresión enfrenta nuevos retos en la entidad. También pone en evidencia tensiones entre el ejercicio periodístico y el poder político en Morelos, donde recientemente se han incrementado las denuncias relacionadas con presión institucional hacia comunicadores.
