La política mexicana vuelve a sacudirse con un movimiento que no pasa desapercibido. La solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa coloca en el centro del debate el alcance de una investigación internacional y sus efectos en el poder público.
Además, Rubén Rocha Moya informó que presentó ante el Congreso estatal una licencia temporal para separarse del cargo mientras se desarrolla el proceso en su contra. El anuncio se realizó mediante un mensaje dirigido a la ciudadanía, donde confirmó su decisión de apartarse de sus funciones.
Rubén Rocha Moya solicita licencia en medio de investigación
El argumento central de la solicitud es facilitar las indagatorias tanto en México como en Estados Unidos. Asimismo, el mandatario señaló que busca no interferir en el proceso encabezado por la Fiscalía General de la República, que revisa una petición de extradición.
La investigación en su contra surge a partir de acusaciones presentadas en una corte de Nueva York. En ese expediente se le vincula, junto a otros funcionarios, con presuntas operaciones relacionadas con el tráfico de drogas y armas en colaboración con integrantes del grupo conocido como Los Chapitos.
El gobierno estadounidense solicitó la extradición del mandatario estatal, así como de otros nueve funcionarios. Entre ellos se encuentran autoridades municipales y figuras del ámbito legislativo vinculadas al mismo entorno político.
Proceso político y reacciones tras la licencia
Por otro lado, el Congreso de Sinaloa aún no ha sesionado para revisar formalmente la solicitud. Sin embargo, en el ámbito local, el Cabildo de Culiacán sí avanzó en un caso paralelo y aprobó la separación temporal de su alcalde.
También se ha señalado que otros involucrados no han fijado postura pública frente a los señalamientos. Mientras tanto, el gobernador ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como parte de una estrategia política sin sustento.
En consecuencia, la situación se mantiene abierta y su evolución dependerá del desarrollo de las investigaciones en curso. Datos recientes del sistema judicial estadounidense indican que este tipo de procesos puede extenderse por meses antes de una resolución formal.
