El caso que involucra a Cuauhtémoc Blanco vuelve a evidenciar una combinación de omisiones institucionales y decisiones políticas que terminan cerrando la puerta a la rendición de cuentas. La resolución no solo impacta al personaje, también expone el funcionamiento de las autoridades encargadas de investigar.
Además, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados determinó como improcedente la solicitud de desafuero presentada contra el exgobernador. El argumento central apunta a deficiencias técnicas en la investigación realizada por la Fiscalía estatal, que no logró sustentar el expediente.
Cuauhtémoc Blanco queda sin proceso por expediente deficiente
La solicitud de desafuero se originó por acusaciones de presunta violencia de género y tentativa de violación en contra de un familiar directo. Sin embargo, el proceso quedó frenado desde el 25 de marzo de 2025, cuando el pleno de la Cámara de Diputados votó por desecharlo con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones.
Asimismo, el órgano legislativo formalizó recientemente el cierre del caso al considerarlo notoriamente improcedente. El expediente fue devuelto a la Fiscalía debido a que no cumplía con los requisitos necesarios para proceder legalmente.
Desde la Comisión Jurisdiccional se dejó claro que la investigación presentada no contaba con elementos suficientes para sustentar una acción penal. En consecuencia, el caso quedó archivado a nivel legislativo sin avanzar a una etapa judicial.
Críticas señalan protección política y falta de justicia
Por otro lado, legisladores de oposición han señalado que la decisión refleja un patrón de protección política. Aseguran que, pese a la gravedad de las acusaciones, el proceso fue bloqueado desde el ámbito legislativo.
También se ha cuestionado que la Fiscalía no haya corregido ni reforzado la investigación tras la devolución del expediente. La falta de una nueva solicitud mantiene el caso detenido, sin ruta clara para su reactivación.
En consecuencia, la Sección Instructora reiteró que no abordará nuevamente el tema sin una petición formal correctamente integrada. Mientras tanto, el caso permanece en un punto muerto que refuerza la percepción de impunidad.
El proceso deja al descubierto un problema estructural. Sin investigaciones sólidas, incluso las acusaciones más graves quedan sin posibilidad de avanzar dentro del sistema legal mexicano.
