La red de contratos ligada a Pemex volvió a exhibir el rostro más incómodo del poder económico en Tabasco. El caso de Juan Carlos Guerrero Rojas, empresario que saltó a la fama por una fiesta de XV años con Belinda, abrió una pregunta mayor sobre los nuevos millonarios que crecieron bajo la Cuarta Transformación.
Empresarios tradicionales consultados dijeron no conocer a Guerrero Rojas antes del escándalo. Durante los últimos siete años, al menos 20 empresarios locales registraron un crecimiento acelerado mediante empresas conectadas con contratos y servicios para Pemex.
Contratos de Pemex en Tabasco exhiben una red opaca
Entre los nombres señalados aparecen Ángel Ernesto García Castillo, José del Carmen Olán Arce y Héctor Peralta Grappin, quienes vendieron acciones en Petroservicios Integrales México, firma con contratos por hasta 4 mil millones de pesos. También se mencionan 39 empresas vinculadas con negocios petroleros.
Ángel Ernesto García Castillo figura además como accionista de Construcciones Garza S.A., contratada para obras municipales y trabajos de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Paraíso. Mientras proveedores tradicionales enfrentaban crisis, zonas como El Country, Jardines del Country II y Real Campestre mostraban camionetas de lujo.
Factureras, prestanombres y capitalismo de cuates
La investigación La barredora guinda, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, describe una telaraña de empresas con socios cruzados, domicilios compartidos, beneficiarios de programas sociales y firmas incluidas por el SAT en listas de factureras.
Asimismo, Ulises de Jesús Cámara Pedrero aparece en Proyectos, Obras y Suministros del Sureste, International Oil Fluid, Coincisur y Comercializadora Centro Tabasqueño. En esa red también figuran Alejandro Márquez Rodríguez, Williams Chávez Custodio y un hermano de Hernán Bermúdez.
El caso golpea el discurso de que la 4T no era igual. México ocupa el lugar 141 de 182 países en Corrupción 2025 de Transparencia Internacional, con 27 puntos de 100. Menos del 2 por ciento de 16 mil carpetas por corrupción se han judicializado.
