La desaparición de organismos autónomos en Morelos sigue dejando al descubierto decisiones que hoy generan fuertes cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Antes de abandonar sus cargos, los cinco excomisionados del extinto Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE) recibieron liquidaciones cercanas a 700 mil pesos cada uno, una cifra que organizaciones civiles consideran excesiva y difícil de justificar frente a lo que establece la ley.
Las críticas surgieron desde Morelos Rinde Cuentas, cuyo director, Roberto Salinas Ramírez, señaló que los beneficiarios aprovecharon disposiciones internas para incrementar significativamente los montos de sus liquidaciones. Además, advirtió que este tipo de prácticas refleja un problema recurrente dentro de diversos organismos autónomos del estado.
Liquidaciones millonarias despiertan críticas
Roberto Salinas Ramírez explicó que la Ley del Servicio Civil contempla el pago de 90 días como liquidación. Sin embargo, el reglamento interno del organismo desaparecido agregó otros 90 días adicionales, lo que elevó considerablemente el monto entregado a los exfuncionarios.
Asimismo, consideró cuestionable que un reglamento interno termine otorgando beneficios superiores a los previstos en una legislación estatal. Según explicó, esta práctica permite que funcionarios aprueben compensaciones extraordinarias utilizando normas de menor jerarquía.
Además, destacó que cada excomisionado recibió una cantidad cercana a los 700 mil pesos antes de impuestos. Después de las retenciones fiscales, los montos rondaron los 530 mil pesos por persona, lo que representó una erogación cercana al millón de pesos únicamente por conceptos adicionales de liquidación.
Señalan antecedentes similares en el Impepac
Por otro lado, Roberto Salinas Ramírez recordó que situaciones parecidas ocurrieron dentro del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. En ese organismo, modificaciones reglamentarias permitieron aumentar bonos extraordinarios relacionados con los años de servicio.
El activista sostuvo que tanto el IMIPE como el Impepac muestran un patrón preocupante. A su juicio, algunos organismos autónomos han utilizado reglamentos internos para otorgarse beneficios económicos que superan lo contemplado por la ley. Asimismo, alertó que estas decisiones alimentan la percepción de privilegios y falta de control sobre el gasto público.
Para Morelos Rinde Cuentas, el caso exige una revisión profunda por parte de las autoridades fiscalizadoras. Roberto Salinas Ramírez afirmó que el estado enfrenta un desorden administrativo y legal que permite a ciertos organismos modificar reglas internas para favorecer a sus propios integrantes mientras los ciudadanos exigen mayor transparencia y rendición de cuentas.
