La discusión sobre el Proyecto Altoverde dejó de centrarse únicamente en un desarrollo inmobiliario. En Cuernavaca, el debate ahora apunta hacia el papel que desempeñan las autoridades encargadas de evaluar una iniciativa que enfrenta cuestionamientos ambientales, urbanos y sociales.
Durante una entrevista realizada en el Museo de la Ciudad, el alcalde José Luis Urióstegui Salgado asumió una postura favorable al proyecto antes de que concluyan procesos técnicos y administrativos que siguen pendientes. Para numerosos ciudadanos y organizaciones, esa posición alimenta dudas sobre la imparcialidad con la que debería conducirse el procedimiento.
Proyecto Altoverde enfrenta cuestionamientos pendientes
El argumento principal del alcalde es que el predio pertenece a particulares y que sus propietarios tienen derecho a solicitar el uso de suelo que consideren conveniente. Sin embargo, opositores sostienen que el punto central no es la propiedad privada, sino el impacto que una urbanización de gran escala podría generar sobre uno de los últimos espacios naturales de la ciudad.
A ello se suma un elemento que ha cobrado relevancia entre especialistas y vecinos. De acuerdo con el Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca, dentro de esta unidad ambiental existen diversos usos expresamente prohibidos, entre ellos el pecuario, forestal, ecoturismo, minería, Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs), investigación y viveros. También aparecen prohibidos los asentamientos humanos, un punto que ha concentrado especial atención debido a que el proyecto contempla precisamente un desarrollo inmobiliario habitacional.
Además, especialistas ambientales recuerdan que todavía no existe una Manifestación de Impacto Ambiental aprobada ni un dictamen definitivo del Comité de Ordenamiento Ecológico de Cuernavaca. A pesar de ello, las declaraciones oficiales ya desacreditan parte de los argumentos presentados por quienes rechazan el proyecto.
Los ambientalistas afirman que el área representa un relicto de selva baja caducifolia dentro de la mancha urbana. Urióstegui ha respondido que existen espacios similares en otras zonas del municipio. Para los críticos, esa postura reproduce una lógica que durante décadas permitió la pérdida gradual de barrancas, bosques y áreas verdes.
Las sospechas detrás del procedimiento
Lo que más preocupa a vecinos, académicos y organizaciones civiles es la percepción de que varias instituciones parecen enfocadas en construir las condiciones para autorizar el desarrollo y no en determinar objetivamente si cumple con la normatividad vigente.
Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable reconoció previamente inconsistencias y la ausencia de autorizaciones fundamentales dentro del proyecto. Pese a ello, continúan apareciendo declaraciones públicas favorables a su eventual aprobación.
Las versiones sobre relaciones de interés alrededor del desarrollo inmobiliario siguen circulando en ámbitos políticos y empresariales. Mientras tanto, cada vez más sectores sociales rechazan Altoverde y advierten que la discusión ya no trata solamente de árboles. Para muchos ciudadanos, el conflicto se convirtió en una prueba sobre quién influye realmente en las decisiones que definen el futuro de Cuernavaca.
