La justicia española dictó una sentencia que difícilmente puede pasar desapercibida. José Luis Ábalos, exministro de Transportes y durante años uno de los hombres más poderosos del gobierno de Pedro Sánchez, recibió una condena de 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, malversación de recursos públicos y tráfico de influencias.
La resolución del Tribunal Supremo de España no solo representa la caída de quien fue considerado la mano derecha del presidente español. También vuelve a poner atención sobre las conexiones internacionales de una red que extendió operaciones empresariales fuera de Europa. Parte de esas actividades llegaron a México.
José Luis Ábalos y los contratos que llegaron a México
La sentencia acredita una trama de corrupción relacionada con la adjudicación irregular de contratos durante la pandemia de covid-19. Los magistrados concluyeron que existió una organización criminal que utilizó recursos públicos para favorecer intereses privados a cambio de beneficios económicos.
Sin embargo, el alcance político del caso no termina en España. Diversos reportes periodísticos documentaron que empresas vinculadas a Grupo Azvi, señaladas dentro del denominado Caso Koldo, ampliaron significativamente su presencia en México durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Según diversas investigaciones periodísticas, integrantes de la trama viajaron a México en 2019 para abrir puertas a empresas españolas interesadas en grandes proyectos de infraestructura. Uno de los encuentros más relevantes ocurrió con Alejandro Murat en Oaxaca. El propio José Luis Ábalos intentó minimizar posteriormente esa reunión, pese a que formó parte de la agenda oficial de su visita.
A ese entramado de relaciones también se han vinculado nombres como Ricardo Monreal y Pedro Haces Lago, hijo del diputado federal Pedro Haces Barba. Ambos aparecieron en distintos reportes relacionados con la llegada y expansión de intereses empresariales españoles en el país.
Ineco, la empresa pública española de ingeniería que participó en aquella gira, recibió por adjudicación directa un contrato de 332 millones de pesos. El acuerdo le permitió actuar como operador sombra del Tren Maya junto con Renfe y la firma alemana DB Engineering & Consulting.
Además, empresas españolas señaladas dentro del entorno del Caso Koldo, como Azvi y Acciona, consiguieron contratos para distintos tramos de la obra ferroviaria. Durante el sexenio de López Obrador, filiales de Grupo Azvi incrementaron significativamente sus operaciones y ganancias en México.
La justicia española ya acreditó una red de corrupción encabezada por José Luis Ábalos y Koldo García. Sin embargo, ninguna autoridad mexicana ha abierto investigaciones sobre los contratos obtenidos en el país. Tampoco existen indagatorias sobre los vínculos políticos que facilitaron la llegada de estas empresas a proyectos financiados con recursos públicos.
La diferencia entre España y México
Mientras en España la investigación avanzó hasta alcanzar a un exministro y exdirigente partidista de primer nivel, en México no existe hasta ahora ninguna investigación conocida relacionada con los posibles vínculos de empresas asociadas al Caso Koldo y los contratos obtenidos durante los últimos años.
La condena también revive otros episodios polémicos que rodearon a Ábalos. Entre ellos destacan señalamientos sobre el uso de recursos públicos para gastos personales y beneficios ajenos al interés gubernamental.
En México, donde empresas relacionadas con la misma órbita empresarial multiplicaron contratos y ganancias, ninguna autoridad ha anunciado procedimientos similares. La pregunta que queda es si la diferencia radica en la inexistencia de irregularidades o en la ausencia de voluntad para investigarlas.
