La violencia criminal en México encontró una nueva fuente de ingresos lejos de los cargamentos de droga y las rutas del narcotráfico. En distintas regiones del país, grupos delictivos han extendido su influencia sobre mercados, centrales de abasto, productores agrícolas y cadenas de distribución, afectando directamente el precio y la disponibilidad de alimentos básicos.
Las investigaciones y reportes de inteligencia muestran que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, La Familia Michoacana, La Unión Tepito y otros grupos regionales operan esquemas de extorsión, cobro de piso, amenazas y control comercial en al menos diez estados de la República.
El crimen organizado domina mercados y cadenas de abasto
La Central de Abasto de la Ciudad de México se ha convertido en uno de los principales focos de disputa. En este complejo convergen diversas organizaciones criminales que buscan controlar actividades económicas mediante intimidación y violencia.
De acuerdo con los reportes, algunos grupos exigen cuotas que van desde miles hasta cientos de miles de pesos a comerciantes y transportistas. Las amenazas incluyen vigilancia a familiares, extorsiones y presiones para mantener el control de las operaciones comerciales.
Además, las autoridades han detectado mecanismos para ocultar drogas dentro de cargamentos de frutas y verduras, así como túneles utilizados para facilitar actividades ilícitas dentro de instalaciones comerciales.
La extorsión impacta alimentos y economía familiar
El fenómeno también se extiende a entidades como Estado de México, Puebla, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guanajuato, Morelos y Tabasco. En varias de estas regiones, grupos criminales intervienen en la producción, transporte y venta de productos esenciales.
Productores de limón, aguacate, mango, papaya y jitomate denuncian cobros ilegales para sembrar, empacar o distribuir mercancías. Quienes se resisten enfrentan amenazas, pérdidas económicas e incluso ataques contra sus bienes.
En Guerrero, las organizaciones delictivas han influido en la distribución de alimentos como pollo y tortillas, generando aumentos de precios que terminan afectando directamente a los consumidores.
La expansión de estas redes demuestra que el control criminal ya no se limita a actividades tradicionales. También alcanza sectores esenciales para la vida cotidiana, donde millones de familias dependen del acceso a alimentos cuyo precio y distribución quedan cada vez más expuestos a la presión de grupos armados.
