Enrique Iragorri Durán: las cuentas que Margarita González Saravia debe exigir

Enrique Iragorri Durán administra una institución que exige a sus acreditados cumplir compromisos, acreditar ingresos y responder por sus deudas. Ese mismo rigor debe alcanzar a quien la dirige.

La cuenta pública anual de 2025 del Instituto de Crédito para los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Morelos, ICTSGEM, registra 108 millones 761 mil 170.09 pesos de cartera vencida judicial. El documento sitúa esa cartera en aproximadamente 1.60% de una cartera total de 6,779.04 millones de pesos. Se trata de créditos pendientes de recuperación judicial, no de dinero cuyo desvío haya demostrado una autoridad.

El monto exige una explicación sobre la recuperación, las garantías y los costos de cobranza. También coloca una responsabilidad política frente a la gobernadora Margarita González Saravia: evaluar al funcionario que eligió mediante resultados verificables.

El 8 de enero de 2025, la mandataria nombró a Iragorri al frente del Instituto. El comunicado oficial destacó que ya había dirigido el organismo en dos etapas anteriores, en 2000 y 2010. Su experiencia fue parte de la justificación del nombramiento. Por eso mismo, la ciudadanía puede exigirle un conocimiento preciso de los riesgos y controles de la institución.

La experiencia que respalda un nombramiento también eleva la exigencia de rendición de cuentas.

El ICTSGEM tiene personalidad jurídica y patrimonio propio como organismo público descentralizado estatal. Su ley le encomienda procurar el bienestar de los afiliados y sus familias mediante prestaciones económicas y sociales. Su Consejo Directivo tiene atribuciones de vigilancia y aprobación de reservas financieras. Las decisiones del Instituto comprometen una estructura institucional, no solamente la voluntad de su director.

Una revisión de los anuncios oficiales permite formular una primera pregunta: ¿qué concluyeron las auditorías que Iragorri anunció?

El Gobierno de Morelos publicó el 30 de junio de 2025 que el director iniciaba una auditoría externa al manejo de los recursos. El 24 de abril de 2026 difundió otro anuncio de auditoría externa, esta vez con referencia a instrucciones de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y al apoyo de la comisaría del Instituto.

Los comunicados consultados anuncian revisiones, pero no presentan sus dictámenes, alcances, observaciones o medidas correctivas. Tampoco permiten establecer si ambos anuncios corresponden a ejercicios distintos o a etapas relacionadas.

Anunciar una auditoría constituye un compromiso de revisión. Para conocer su resultado hacen falta el periodo examinado, el responsable del trabajo, sus conclusiones y el seguimiento de las observaciones, cuando las haya.

La consulta del portal institucional sí permitió localizar cuentas públicas de 2025 y de los primeros dos trimestres de 2026. Ese material importa y debe reconocerse. Sin embargo, la publicación de información contable no sustituye la explicación de los resultados de una auditoría. En esta revisión no se localizó el dictamen final correspondiente a los dos anuncios. Esa limitación de búsqueda no demuestra que los documentos no existan.

La cobranza plantea un segundo frente.

En diciembre de 2025, Iragorri declaró a El Sol de Cuernavaca que el Instituto acumulaba más de dos mil demandas judicializadas y explicó que no todas desembocaban en embargos. También defendió campañas de condonación para facilitar acuerdos y evitar afectaciones a las personas trabajadoras.

Ese planteamiento permite exigir indicadores: cuánto recuperó efectivamente el Instituto, cuánto gastó en litigios, cuántos convenios de pago funcionaron y qué proporción de los asuntos continúa pendiente.

El Instituto debe explicar sus resultados con categorías comparables. Los trabajadores necesitan saber qué recupera la institución y con qué costo.

Los convenios comerciales abren otra pregunta sobre la claridad de las decisiones.

El Gobierno de Morelos anunció el 28 de octubre de 2024 un convenio entre el ICTSGEM y Grupo Automotriz Iragorri. Fabiola del Sol Urióstegui Alvear todavía dirigía el organismo. El boletín ofrecía descuentos para los afiliados y mencionaba ahorros de entre siete mil y treinta mil pesos. Ese antecedente demuestra que la relación comercial precedió al nombramiento de Enrique Iragorri en enero de 2025.

Posteriormente, Diario de Morelos reportó otro convenio celebrado el 23 de marzo de 2026 en Nissan Nagoya. La nota menciona a Enrique Iragorri Durán entre los participantes y, en su descripción del acto, lo agrupa con directivos empresariales.

El expediente del convenio permitiría resolver lo esencial: quién representó a cada parte, qué obligaciones asumió el Instituto, qué beneficios obtuvieron sus afiliados y qué mecanismos aplicó para revisar posibles intereses personales, familiares o de negocios.

La trayectoria política de Iragorri también contiene un antecedente que merece contexto completo.

El 27 de mayo de 2009, La Jornada publicó una acusación del entonces candidato priísta Manuel Martínez Garrigós sobre un presunto intento de convencer a una integrante de su planilla de abandonar al PRI y apoyar al PAN. La cobertura identificó en una grabación presuntas intervenciones de Enrique Iragorri y Julio Ernesto Pérez Soria; describió ofrecimientos de empleo para la aspirante o un familiar.

Iragorri respondió. La síntesis hemerográfica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos recoge que confirmó el encuentro y presentó una denuncia por presunto espionaje político. W Radio publicó su versión bajo el título “Me ‘pusieron un cuatro’: Enrique Iragorri”. La revisión no localizó una sentencia que permita presentar aquel episodio como un delito acreditado.

Más recientemente, una crónica de Proceso, publicada el 1 de octubre de 2025 y reproducida por Frecuencia.mx, ubicó a Iragorri y a su equipo entre quienes abandonaron el acto de Claudia Sheinbaum en Morelos antes de que terminara el discurso. El reportaje documentó, en el conjunto del evento, testimonios sobre asistencia obligatoria y movilización oficial.

Su participación permite preguntar bajo qué condiciones acudió el personal del Instituto y si utilizó tiempo o recursos institucionales. La respuesta debe distinguir asistencia voluntaria, comisión oficial y cualquier gasto relacionado.

Margarita González Saravia tiene elementos suficientes para pedir una revisión documentada de la gestión: resultados de auditoría, recuperación de créditos, costos judiciales, convenios comerciales y controles sobre el uso de recursos.

El ICTSGEM exige cuentas a quienes le deben. Su director debe rendirlas con el mismo rigor.