La corrupción no siempre necesita sobres amarillos ni transferencias ocultas. A veces aparece en documentos oficiales donde las mismas personas terminan compitiendo entre sí para justificar el uso de recursos públicos. Eso es exactamente lo que exhibe el contrato entregado por el Gobierno de la Ciudad de México a Jorge Gómez Naredo.
La administración encabezada por Clara Brugada otorgó una adjudicación directa a Jorge Gómez Naredo después de realizar un supuesto análisis de mercado. Para respaldar la decisión se presentaron cotizaciones de César Huerta y Adriana Mercado. El problema es que los tres aparecen como socios de DESFILADERO MEDIOS S.A. de C.V.
Un conflicto de interés imposible de ignorar
Aquí no se trata de una percepción ni de una sospecha. El propio procedimiento queda contaminado desde el momento en que las cotizaciones utilizadas para justificar el contrato provienen de personas vinculadas empresarialmente entre sí.
La lógica de cualquier análisis de mercado consiste en comparar propuestas independientes para proteger el dinero público. Cuando quienes participan pertenecen a la misma sociedad mercantil, la competencia desaparece y el ejercicio pierde credibilidad.
El dinero público merece algo más que una simulación administrativa
La adjudicación permitió que Jorge Gómez Naredo obtuviera un contrato por 69 mil pesos mensuales. Mientras tanto, César Huerta y Adriana Mercado aparecen como los proveedores utilizados para construir el comparativo que terminó favoreciendo a su propio socio. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México investigar quién autorizó el procedimiento, quién revisó las cotizaciones y por qué nadie detectó un conflicto tan evidente antes de pagar 69 mil pesos al mes.
El caso expone una práctica que difícilmente puede presentarse como un ejercicio serio de competencia. El conflicto de interés no es un detalle menor. Es precisamente el centro del problema.
