El contralmirante Fernando Farías Laguna llegó a México durante la madrugada de este viernes. Autoridades federales lo trasladaron directamente al penal del Altiplano para que enfrente las acusaciones por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el marino aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Después, elementos federales lo llevaron al Centro Federal de Readaptación Social Número 1.
En las próximas horas, la autoridad judicial que ordenó su captura deberá recibirlo formalmente. Su defensa pidió que la primera audiencia sea pública, bajo el argumento de que la propia FGR ha difundido ampliamente información sobre el caso.
Farías Laguna enfrenta proceso por huachicol fiscal
México logró su regreso después de suspender el procedimiento de extradición iniciado en mayo. Esa decisión abrió la puerta para que Argentina lo expulsara del país, donde presuntamente había ingresado con un pasaporte falso de Guatemala.
Autoridades argentinas detuvieron al contralmirante en abril, en Buenos Aires. El marino permanecía prófugo desde octubre, cuando decidió no presentarse ante el Centro de Justicia Penal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
La FGR identifica a Fernando y a su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, como presuntos líderes de la estructura. Ambos eran conocidos dentro de la Armada como Los Primos y son sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
La red habría movido 564 millones de litros
La investigación tomó fuerza cuando las autoridades localizaron un buque con alrededor de 10 millones de litros de diésel de contrabando en el puerto de Tampico.
Las indagatorias apuntan a una estructura integrada por marinos, funcionarios aduanales y empresarios. Según la investigación, el grupo habría introducido al país al menos 564 millones de litros de combustible mediante 69 buques desde 2023.
El esquema consistía en importar combustible refinado y declararlo como otra mercancía para evitar el pago de impuestos. El caso también puso bajo presión a la Secretaría de Marina y cuestionó el discurso de incorruptibilidad de las Fuerzas Armadas promovido durante el sexenio anterior.
Hasta ahora, el gobierno federal ha detenido a 16 personas relacionadas con esta trama, entre ellas 12 exservidores públicos y cuatro trabajadores de empresas exportadoras y transportistas.
Con su llegada al Altiplano, el contralmirante deberá responder ante la justicia mexicana por uno de los mayores casos de corrupción y contrabando de combustible investigados en los últimos años.
