Morelos cerró el primer semestre de 2026 con un fuerte deterioro en materia de extorsión. Entre enero y junio, las autoridades contabilizaron 388 víctimas, un incremento anual de 114.4%, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública retomada por el Monitor de Seguridad de Coparmex.
La entidad alcanzó una tasa de 18.77 víctimas por cada 100 mil habitantes, la más alta del país. Los resultados ponen bajo presión la estrategia de seguridad del gobierno de Margarita González Saravia, que hasta ahora no ha logrado contener un delito que afecta a comerciantes, empresarios, transportistas y familias.
El problema también alcanza a autoridades municipales y estatales, pues existen reportes sobre la participación tanto de integrantes del crimen organizado como de funcionarios en este tipo de prácticas.
Extorsión coloca a Cuautla en el primer lugar nacional
Cuautla registró 61.1 víctimas por cada 100 mil habitantes, la mayor tasa entre los municipios mexicanos con más de 100 mil habitantes. Yautepec ocupó el tercer puesto nacional, con 34.5.
El Índice de Extorsión Coparmex también colocó a Morelos en la peor posición del país, con 74.2 puntos. La medición considera incidencia delictiva, cifra oculta y percepción de inseguridad.
Además, Coparmex estima una cifra negra de 96%. Esto significa que los 388 casos registrados representan apenas una parte del problema. El temor a represalias, la desconfianza institucional y las dudas sobre la utilidad de denunciar mantienen numerosos delitos fuera de las estadísticas.
Resultados insuficientes frente al crecimiento del delito
La percepción de inseguridad en Morelos llegó a 56.2%. Mientras tanto, siguen pendientes datos claros sobre cuántas investigaciones terminaron en detenciones, procesos judiciales y sentencias.
Aunque el estado incorporó disposiciones en su Código Penal para homologar la legislación contra este delito, las normas todavía no se traducen en una respuesta institucional capaz de revertir las cifras.
También persisten dudas sobre el funcionamiento de los inhibidores de señal en las cárceles estatales. La falta de equipos eficaces permite que internos mantengan comunicaciones desde los centros penitenciarios y puedan utilizarlas para coordinar actividades delictivas.
El gobierno de González Saravia enfrenta así un problema que exige resultados verificables. Debe informar cuántas unidades especializadas operan, qué presupuesto reciben, cuántas denuncias investigan y cuántas sentencias consiguen.
Con un crecimiento anual de 114.4%, la mayor tasa estatal del país y dos municipios entre los primeros lugares nacionales, los datos muestran que Morelos enfrenta una crisis que golpea directamente la seguridad, la actividad económica y la confianza en las autoridades.
