Gerardo Mérida y la crisis de seguridad en Sinaloa
La caída de Gerardo Mérida volvió a exhibir el tamaño de la fractura institucional que atraviesa Sinaloa. Quien llegó al cargo prometiendo recuperar la seguridad estatal ahora enfrenta acusaciones de servir como presunto protector de Los Chapitos mientras encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública.
El exgeneral de división retirado asumió la SSP sinaloense el 4 de septiembre de 2023. Durante su presentación aseguró que su administración buscaría reducir la violencia y fortalecer los índices de seguridad. Sin embargo, el discurso oficial chocó rápidamente con una entidad marcada por desapariciones, narcobloqueos y una creciente desconfianza ciudadana hacia las autoridades.
La crisis alcanzó otro nivel el 29 de abril, cuando autoridades estadounidenses revelaron acusaciones contra varios funcionarios de Sinaloa por presuntos vínculos con el narcotráfico. Entre ellos apareció Gerardo Mérida, señalado por la Corte de Nueva York como supuesto operador clave para proteger las actividades de Los Chapitos.
De acuerdo con la acusación, Mérida recibía 100.000 dólares mensuales para no interferir en las operaciones criminales del grupo encabezado por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Además, habría compartido información anticipada sobre operativos y redadas contra laboratorios clandestinos.
El expediente sostiene que alrededor de 2023 alertó sobre al menos 10 operativos policiales, permitiendo evacuar droga, personal y equipo antes de las incursiones oficiales. El señalamiento golpeó directamente la narrativa de combate al crimen que sostuvo el Gobierno estatal durante los últimos años.
Mérida no era un funcionario improvisado. Fue director de la Escuela Militar de Inteligencia y ocupó cargos estratégicos en logística, operaciones e inteligencia dentro de la Secretaría de Defensa Nacional.
Asimismo, estuvo al mando de la XXV Zona Militar en Puebla antes de retirarse en julio de 2022. Meses después tomó control de la seguridad pública en Sinaloa hasta que Rubén Rocha Moya solicitó su renuncia el 24 de diciembre de 2024.
El exsecretario fue detenido el lunes en Arizona tras cruzar por la Garita de Nogales desde Sonora. Aunque un juez federal de Michoacán le otorgó un amparo el 7 de mayo de 2026 para evitar su captura y extradición, terminó bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y posteriormente fue trasladado al Distrito Sur de Nueva York.
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