El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que elaborará un catálogo de medios y portales que, según su criterio, mantienen una postura de “odio” contra su administración. Además, advirtió que dejará de responder preguntas relacionadas con esos medios una vez concluyan las festividades de la Guelaguetza, una decisión que desató críticas por representar un intento de intimidar a la prensa y limitar el derecho de la ciudadanía a recibir información.
Durante una declaración pública, el mandatario afirmó que identificará a los portales que considera adversos a su gobierno y anticipó que ignorará los cuestionamientos vinculados con ellos, una postura que organizaciones y especialistas suelen considerar incompatible con los principios de transparencia y rendición de cuentas que deben regir a las autoridades.
Gobernador de Oaxaca anuncia veto a medios críticos
Salomón Jara sostuvo que su administración elaborará una descripción de los medios que, a su juicio, mantienen una línea de ataque permanente contra el gobierno estatal.
“Vamos hacer una descripción de todos los portales que nos odian para que cuando ustedes me pregunten de esos portales, si está dentro de eso, no se los voy a contestar”, declaró.
Las declaraciones generaron preocupación porque las conferencias de prensa constituyen un mecanismo de rendición de cuentas y acceso a la información pública.
Condicionar las respuestas oficiales al contenido de las publicaciones envía un mensaje de presión hacia el ejercicio periodístico y abre un debate sobre los límites del poder frente a la libertad de expresión.
Las declaraciones también exhiben diferencias políticas
Durante el mismo encuentro con medios, Salomón Jara también dejó al descubierto las tensiones políticas con el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez.
Aunque evitó responsabilizar directamente al presidente municipal, Ray Chagoya, dirigió fuertes señalamientos contra integrantes de su equipo de trabajo. En particular, acusó a Martín Gamboa, jefe de la Oficina de Gabinete del ayuntamiento, de impulsar una campaña en contra de su administración.
Las declaraciones muestran que el conflicto no solo involucra a medios de comunicación, sino también a actores políticos que mantienen diferencias con el Gobierno estatal.
El anuncio de una lista de medios considerados incómodos ocurre en un contexto donde la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información forman parte de las garantías reconocidas por la Constitución mexicana y por diversos tratados internacionales suscritos por el país. Por ello, especialistas advierten que cualquier intento de excluir a medios críticos de la comunicación institucional puede convertirse en un mecanismo de censura indirecta y afectar el derecho de la sociedad a recibir información plural.
