La presión contra el círculo político de Rubén Rocha Moya escaló a un nivel inédito tras la difusión de documentos que exhiben una intervención directa de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre cuentas bancarias vinculadas al gobernador con licencia de Sinaloa y varios integrantes de su entorno familiar y político.
La medida sacudió nuevamente a una administración que desde hace meses enfrenta señalamientos por presuntos vínculos con operadores del Cártel de Sinaloa. Aunque las autoridades mexicanas no han ofrecido una explicación pública detallada, el reporte publicado por Emeequis sostiene que la UIF ordenó inmovilizar operaciones financieras y activos dentro del sistema bancario nacional.
Investigación internacional deriva en bloqueo de cuentas
La instrucción habría llegado al sector financiero mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo el Acuerdo 156/2026 emitido el 6 de mayo. El documento incluye a Rubén Rocha Moya, sus hijos Rubén Rocha Ruiz, Ricardo Rocha Ruiz y José de Jesús Rocha Ruiz, además del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros nueve implicados.
Asimismo, la acción ocurre en medio de una acusación presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra funcionarios sinaloenses activos y retirados. Las autoridades estadounidenses los señalan por conspiración para importar narcóticos como fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos.
El caso provocó un nuevo terremoto político porque los expedientes también relacionan a Rocha Moya con presuntos acuerdos de protección hacia la facción de Los Chapitos.
Señalamientos golpean al entorno político de Sinaloa
Los documentos estadounidenses sostienen que el grupo criminal habría respaldado políticamente a Rocha Moya durante el proceso electoral de 2021 a cambio de impunidad operativa. Además, los acusados podrían enfrentar penas de cadena perpetua si las investigaciones avanzan en tribunales federales estadounidenses.
La falta de posicionamientos claros por parte de la UIF y la Secretaría de Hacienda alimentó todavía más las dudas públicas alrededor del caso. Mientras crecen las exigencias de transparencia, la investigación ya colocó al sistema político sinaloense bajo una presión internacional que difícilmente podrá contenerse únicamente con silencio institucional o discursos defensivos.
