Un nuevo audio atribuido al entorno de Marina del Pilar abrió otra controversia sobre las conversaciones que la gobernadora de Baja California habría sostenido con personas vinculadas a autoridades estadounidenses. La grabación plantea una posible negociación para proporcionar información, aunque hasta ahora no demuestra que existiera un acuerdo formal.
El material fue difundido por el periodista Gildo Garza, quien explicó que uno de los interlocutores presenta la conversación como una última oportunidad. La persona plantea preparar una proffer letter, mecanismo utilizado en Estados Unidos para presentar información ante fiscales dentro de una posible negociación.
Marina del Pilar y las dudas que deja la grabación
El audio señala que las agencias estadounidenses supuestamente ya no querían continuar las conversaciones. Ante ese escenario, uno de los participantes propone elaborar una carta que detalle qué información podría discutirse y qué estaría dispuesta a ofrecer la gobernadora.
Un procedimiento proffer permite que una persona o su defensa expongan información ante fiscales bajo determinadas condiciones. Sin embargo, recurrir a este mecanismo no convierte automáticamente a alguien en informante ni demuestra responsabilidad penal.
La conversación también menciona al abogado Michael Nadler, identificado como exfiscal federal de Florida con experiencia en lavado de dinero y delitos financieros. El fragmento, no obstante, no establece cuál habría sido su participación concreta.
Los audios anteriores mantienen abierta la controversia
La nueva grabación aparece después de otras conversaciones difundidas públicamente. Marina del Pilar reconoció anteriormente que su voz aparecía en materiales filtrados y confirmó contactos con personas que identificó como autoridades estadounidenses.
La mandataria también relacionó las filtraciones anteriores con el exgobernador Jaime Bonilla y sostuvo que fue engañada respecto de algunas reuniones. El nuevo material difundido no incluye una confirmación específica de la gobernadora sobre su contenido.
Tampoco existe información pública que permita establecer qué investigación estadounidense estaría relacionada con estas conversaciones o qué agencias participaron formalmente.
Por ahora, las grabaciones muestran conversaciones sobre una eventual cooperación, pero no acreditan que Estados Unidos y la gobernadora concretaran algún acuerdo. Tampoco constituyen por sí mismas evidencia de culpabilidad. La identidad y representación oficial de quienes participaron siguen siendo elementos necesarios para determinar el alcance real del caso.
