Cuestionan vínculos de chofer de Guadalupe Taddei con proveedora del INE
Un nuevo señalamiento sobre posibles irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE) involucra al chofer de Guadalupe Taddei, quien figura como apoderado legal de una empresa que ha obtenido contratos públicos para suministrar material electoral al organismo.
De acuerdo con una investigación publicada por Reforma, Jonathan Navarrete Torres recibió poderes legales de Corporativo Zeg en junio de 2023, casi dos años antes de incorporarse como conductor de la consejera presidenta.
La relación ha generado cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés dentro del instituto, aunque los datos publicados no demuestran por sí mismos que Taddei haya intervenido en la asignación de contratos.
El Registro Público de Comercio señala que Rodolfo Higareda Coen, representante de Corporativo Zeg, otorgó a Navarrete un poder general para pleitos y cobranzas el 28 de junio de 2023.
Esta facultad le permite representar legalmente a la compañía ante autoridades e instancias judiciales y administrativas.
Según los documentos citados, Navarrete ingresó al INE el 15 de abril de 2025, con un salario mensual de 45 mil 765 pesos.
Sin embargo, en su declaración patrimonial del 30 de junio de 2026 únicamente reportó como empleo anterior su trabajo de conductor en Mercedes-Benz, sin mencionar su vínculo con Corporativo Zeg.
La investigación también identifica a Cajas Graf como otra de las principales proveedoras de material electoral. Ambas empresas enfrentaron señalamientos e investigaciones por presuntas irregularidades.
El reportaje señala que Corporativo Zeg y Cajas Graf compartieron en 2023 a Octavio García González como representante legal. Posteriormente, García ocupó la Dirección de Administración del INE hasta abril de 2026.
También documenta antecedentes de contratos con organismos electorales locales de Sonora, Oaxaca y Chihuahua, durante gestiones encabezadas por funcionarios que después ocuparon cargos relevantes en el instituto nacional.
Estos vínculos se suman a otras controversias administrativas, como los nombramientos de altos funcionarios sin consenso del Consejo General y la contratación directa de una producción audiovisual sobre la elección judicial por un millón 57 mil pesos.
El consejero Martín Faz ya había cuestionado la designación de perfiles políticos en áreas técnicas del organismo.
La información publicada abre interrogantes sobre los mecanismos de contratación, las declaraciones patrimoniales y la vigilancia de posibles conflictos de interés en el entorno de Guadalupe Taddei.
Hasta ahora, los señalamientos descritos no equivalen a una resolución administrativa o judicial que acredite actos de corrupción. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y establecer las responsabilidades correspondientes.
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