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Alfonso Miranda Gallegos recibe condena histórica

Caso de Alfonso Miranda Gallegos y su impacto en Amacuzac

La memoria social de México siempre guarda los momentos en que la justicia logra alcanzar episodios que parecían imposibles de resolver. En Morelos esa sensación volvió a sentirse cuando se confirmó la sentencia contra Alfonso Miranda Gallegos, un caso que durante años simbolizó la compleja relación entre política local y estructuras delictivas en Amacuzac.

La resolución judicial acreditó la participación del exalcalde en actividades de delincuencia organizada vinculadas con Los Rojos, grupo que operó durante más de una década en el sur de Morelos. Además se demostró su intervención en un secuestro ocurrido en 2013, un hecho que marcó el rumbo de un municipio que aún busca sanar sus heridas. También quedó evidenciado que ejerció influencia sobre autoridades locales para facilitar operaciones criminales.

Contexto regional y efectos del caso Alfonso Miranda Gallegos

El fallo de 82 años y seis meses de prisión, emitido por el Juzgado Sexto de Distrito en Coahuila, surgió tras pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por la Fiscalía General de la República. En consecuencia la investigación reconstruyó cómo Miranda Gallegos mantuvo comunicación con funcionarios municipales incluso desde su reclusión en el Centro Federal de Reinserción Social número 14 en Durango. Durante ese periodo participó en ceremonias oficiales mediante llamadas telefónicas que fueron grabadas.

También destacó que, pese a su detención en pleno proceso electoral de 2018, su nombre permaneció en boletas bajo la coalición Juntos Haremos Historia. Tras el conteo obtuvo 3 mil 672 votos y resultó electo aun cuando autoridades habían advertido que podía sustituirse su candidatura. De igual manera este episodio reflejó cómo estructuras electorales pueden ser vulnerables en contextos de presión delictiva.

El peso histórico de Los Rojos en Amacuzac

Por otro lado la detención de Santiago Mazari Hernández, conocido como El Carrete, en 2019 marcó un punto clave para desarticular operaciones del grupo. Un dato reciente confirma que municipios como Jojutla, Zacatepec y Tlaquiltenango reportaron menor actividad asociada a esta organización tras su captura.